Hacienda negocia con Urkullu una inyección fiscal de 1.400 millones y reformar el cupo vasco

El Ministerio de Hacienda ya negocia con el Gobierno vasco una reforma del Concierto Económico (el conocido como cupo) que permite a la comunidad autónoma tener una situación fiscal privilegiada respecto al resto de regiones españolas. Estas conversaciones suponen el primer paso para lograr que el PNV respalde los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentará el departamento que dirige Cristóbal Montoro el próximo marzo en el Congreso.

Según han confirmado a OKDIARIO fuentes gubernamentales las primeraS reuniones se han producido esta semana con el objetivo de modificar el criterio para determinar el porcentaje de fondos públicos que debe transferir el Estado a la caja autonómica vasca para financiar las competencias que el Gobierno de Íñigo Urkullu tiene en exclusiva, entre las que destaca la educativa.

Fuentes del Ministerio de Hacienda descartan que en las negociaciones se esté hablando de la configuración de los PGE, aunque admiten que las conversaciones para la reforma del cupo vasco están en marcha. El PNV reclama además al Estado el pago de 1.400 millones de euros (que podrían ascender a 1.600 millones) en concepto de la deuda que, a su juicio, mantiene la Administración Central con la Hacienda vasca por el cobro indebido del citado cupo vasco en los últimos años.

Las fuentes del departamento ministerial que dirige Cristóbal Montoro consultadas por OKDIARIO apuntan que el Gobierno de Urkullu no pretende que estos 1.400 millones de euros se abonen de forma directa, sino que sean descontados del dinero que debe la comunidad autónoma vasca al Estado.

El Concierto Económico supone la plena autonomía financiera del País Vasco y fue creado en 1878 tras la última guerra carlista, con el objetivo de lograr una forma transitoria de integración de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que en aquella época eran provincias “exentas” y quedaban fuera del sistema tributario.

Tal como explica Mikel Buesa en un trabajo académico sobre el cupo vasco publicado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el mecanismo “se concibió como un sistema provisional de duración limitada a ocho años, durante los cuales las citadas provincias se irían integrando en el sistema económico español”. Sin embargo, la transitoriedad se convirtió en permanencia hasta 1937, cuando fue derogado el modelo, retomándose después con la llegada de la Transición y refrendada posteriormente en el año 2002.

Autonomía financiera que beneficia al País Vasco

Este régimen fiscal implica que las diputaciones vascas recaudan todos los impuestos y las entregan al Gobierno autonómico, que gestiona su presupuesto de forma independiente sin la participación de la Hacienda pública estatal. A cambio de este privilegio, el País Vasco paga una especie de canon (el cupo) por el coste que tienen los servicios que se derivan de las competencias estatales, tales como la defensa, la representación exterior, el mantenimiento de las instituciones y las infraestructuras.

En la práctica, el País Vasco sale ganando con este modelo, rompiendo el principio de solidaridad territorial. Según los cálculos realizados por Mikel Buesa en el citado trabajo académico, el desfase anual a favor del Gobierno autonómico es de 2.000 millones de euros, una cifra que la Agencia Tributaria reduce hasta los 1.820 millones y que el académico e inspector de Hacienda, Ángel de la Fuente, eleva a 4.500 millones de euros.

La clave está en la forma de calcular el porcentaje de ingresos que debe aportar el País Vasco al Estado, sistema que se ha visto afectado por la necesidad de PSOE y PP de pactar con el PNV para formar gobierno en varios momentos de la democracia española. Y eso es lo que está ocurriendo al principio de esta Legislatura por la necesidad del Gobierno de lograr apoyos para sacar adelante las cuentas públicas sin tener mayoría parlamentaria.

Los pensionistas vascos cobran de la Seguridad Social estatal

Este régimen fiscal privilegiado está protegido en la Constitución, en cuya disposición adicional se señala que España “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”, lo que incluye también a Navarra, que disfruta de un modelo fiscal similar al vasco.

Al mismo tiempo que mantiene esta independencia fiscal, el País Vasco disfruta de la solidaridad del resto de España en materia de Seguridad Social, ya que el sistema de protección social se configura en torno a una caja única en todo el territorio español. Sin la red estatal, los jubilados vascos no podrían cobrar sus pensiones desde hace una década, ya que el déficit anual ronda los 1.800 millones de euros.