Economía
AGENCIA TRIBUTARIA

Hacienda geolocaliza tu teléfono y la razón es esta: incendio en la AEAT

La Agencia Tributaria utiliza la última tecnología para comprobar que no mientes y lo hace así

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  • Benjamín Santamaría
  • Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana

La Agencia Tributaria (AEAT) lleva tiempo utilizando tecnología puntera para comprobar que los contribuyentes cumplen con las normas del fisco. Entre ella se encuentra el rastreo de teléfonos móviles mediante herramientas de geolocalización o a través de la dirección IP de los dispositivos electrónicos. Unos métodos plenamente legales desde la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, más conocida como la ‘tasa google’, del pasado octubre.

En concreto, en el cuarto apartado del artículo 7 se dispone lo siguiente: «A efectos del presente artículo, se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización».

De esta manera, la AEAT puede comprobar si existen cambios de domicilio que puedan influir en la recaudación utilizando, para ello, teléfonos móviles, ordenadores u otros dispositivos. Esto puede servir, por ejemplo, para investigar los famosos casos de YouTubers que se mudan a Andorra buscando una menor presión fiscal.

Otros métodos de control

Tal y como ha publicado OKDIARIO en varias ocasiones, Hacienda utiliza numerosas vías para comprobar si los ciudadanos contribuyen todo lo que les corresponde. Tanto es así que tiene capacidad hasta para vigilar los Bizums que se hacen entre amigos y familiares o los ingresos en entidades bancarias que superen los 1.000 euros.

Y los castigos que se imponen no son poca cosa. Por ejemplo, si no se cumplen las normas a la hora de realizar transferencias bancarias la multa podría llegar hasta los 2.500 euros. Por todo ello, vemos como en los últimos años se están alcanzando métodos de control más que cuestionables rozando límites éticos que pueden chocar con las libertades civiles.