El Gobierno ultima una nueva Ley de Residuos que favorecerá los intereses de la polémica Ecoembes

El Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que el Gobierno presentará en los próximos meses incluye varios artículos que favorecen los intereses de la polémica organización Ecoembes, encargada de la recogida de los envases de plástico y cartón en España, y señalada constantemente por manipular las cifras de reciclaje. En concreto, los artículos 10.4 -sobre los costes de la gestión de residuos-, y el 38.2.k -sobre los requisitos mínimos generales aplicables al régimen de responsabilidad- limitan expresamente el acceso a la información sobre la cantidad de materiales que entran al mercado, favoreciendo los intereses del polémico ‘lobby’ Ecoembes.

«Las autoridades competentes garantizarán la salvaguarda de la confidencialidad de la información sobre productos que pueda resultar relevantes para la actividad productiva o comercial de los productores de productos, en especial, las cifras de puesta en el mercado», dice el artículo 10.4.

El artículo 38.2.k tiene una redacción prácticamente gemela, y también alude a motivos de confidencialidad para justificar la opacidad de la información. «Salvaguardar la confidencialidad de la información que los miembros del sistema hayan aportado para el funcionamiento del sistema colectivo y que pueda resultar relevante para su actividad productiva o comercial, en especial, las cifras de puesta en el mercado que deberán ser suministradas por tramos o intervalos», dice el borrador del texto.

Expertos sobre reciclaje y medioambiente explican a este periódico que si no se conoce la cantidad de material que entra en el mercado es imposible tener un dato real y fidedigno de la cantidad total de material reciclado. Además, también es muy difícil planificar la recogida de residuos. «¿Por qué el anteproyecto de ley del Gobierno apuesta por ocultar las cifras cuando algunas grandes embotelladoras como Coca-Cola las hacen públicas?», se pregunta Alberto Vizcaíno, ambientólogo y experto en la gestión de residuos, que ha presentado alegaciones a la futura Ley del reciclaje del Ejecutivo.

Según denuncia el experto en sus alegaciones a los dos citados artículos, se crea una excepción injustificada al derecho de acceso a la información ambiental contemplado tanto en la normativa estatal como en las directivas europeas relativa a las cifras de puesta en el mercado. «Este dato es clave entre otras cuestiones para determinar la cantidad de material que acaba como basura dispersa una vez se le resta el dato de los residuos recogidos en los sistemas establecidos a tal efecto. Sin esta información se está limitando de manera manifiestamente injusta un dato clave para el estudio de la gestión de residuos que históricamente no ha supuesto un problema y se ofrece en varios informes sectoriales, de diferentes flujos de materiales y por diversas empresas», explica.

En opinión del experto, la información sobre recogidas, reutilización y demás debería referirse a los datos de puesta en el mercado, siendo esta la única forma de gestionar residuos de forma realista a la producción de residuos y adaptar los sistemas de recogida en función del volumen previsible de residuos generados en base a la puesta en el mercado de productos que se convierten en residuos.

Cifras infladas 

Varias organizaciones ecologistas han denunciado reiteradamente que Ecoembes manipula las cifras de reciclaje. Desde Greenpeace asegura que el ‘lobby’ sólo recicló un 25% de los envases de plástico en 2017, mientras que la entidad sin ánimo de lucro eleva al 70% el total de envases desechables reciclados. Un baile de cifras que según la organización verde pone en evidencia la farsa del reciclaje en España y la ineficiencia del sistema que lleva a cabo Ecoembes.

Más allá de las acusaciones sobre la manipulación de cifras, Ecoembes también tiene un frente abierto con Hacienda, que le reclama más de 21 millones de euros por el Impuesto de Sociedades de los años 2013 a 2016.  Sobre esta reclamación existe un procedimiento abierto por discrepancia a la hora de contabilizar unos ingresos.

Además, y pese a ser una entidad sin ánimo de lucro, la cúpula de la organización se ha subido el sueldo un 42% en los últimos cuatro años, hasta sumar más de dos millones de euros, unos sueldos disparados y en línea con lo que cobran grandes directivos de empresas.