El Gobierno reformará la ley para poder dar las ayudas directas a autónomos y pymes que anunció Botín

Ana Botín adelantó el pasado miércoles que el Gobierno valora la movilización de ayudas directas a las pymes y autónomos tras las reclamaciones de muchos sectores para poder continuar con su actividad. La confirmación a las palabras de la presidenta del Banco Santander ha llegado este viernes, cuando el Ministerio de Asuntos Económicos ha explicado que el Gobierno va a proceder a reformar la lay para poder llevar a cabo estas ayudas directas tras la revisión de la Comisión Europea del marco comunitario de ayudas de Estado.

Así, en una nota de prensa, el Ministerio de Nadia Calviño ha señalado que este nuevo marco legal pretende adaptar la respuesta económica y social a la pandemia a las necesidades actuales, con el fin de seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo, y reforzando la solvencia de empresas y negocios viables. Desde el pasado mes de octubre el Gobierno ha estado trabajando con la Comisión Europea para la revisión del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea.

La Comisión Europea aprobó el pasado 28 de enero una nueva modificación del Marco Temporal europeo, que incluye la posibilidad de conversión de las ayudas en forma de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas. Asimismo, extiende el plazo de aplicación de las medidas hasta el 31 de diciembre de 2021.

Tras esa decisión, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado en su reunión de este viernes notificar a la Comisión Europea la extensión del marco nacional aplicable a todas las ayudas que pueden conceder las distintas administraciones. Para la puesta en marcha de las ayudas del marco español será necesaria la aprobación por parte de la Comisión Europea.

La intención del Gobierno es acelerar todo lo posible este proceso de autorización para poder establecer el nuevo marco nacional cuanto antes y seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo para contar con una base lo más robusta posible para impulsar la recuperación. Dentro de este nuevo marco, el Gobierno trabaja en medidas para aliviar la carga financiera de autónomos y empresas, y reforzar la solvencia de negocios viables.

Apoyo a las medidas adoptadas 

Este nuevo marco se sumará a las medidas adoptadas desde marzo del año pasado hasta el momento, que han supuesto ayudas por encima del 20% del PIB -más del 5% en ayudas directas de impacto presupuestario y un 15% en medidas de liquidez- para proteger las rentas de las familias, los trabajadores, los sectores más vulnerables, los autónomos y las empresas, y que están permitiendo mantener la actividad económica.

Por su alcance e impacto presupuestario, las más relevantes son las ayudas directas a trabajadores y empresas mediante los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), la prestación extraordinaria para autónomos y las incapacidades laborales por la pandemia, que ascienden a 40.800 millones de euros. A ello se suman los más de 116.000 millones de euros de financiación al tejido productivo canalizados a través de la Línea de Avales del ICO y los 10.000 millones de euros en ayudas directas del Fondo de apoyo a la solvencia.

Adicionalmente, Economía recuerda que el Gobierno tomó medidas en 2020 para que las comunidades autónomas contaran con la mayor financiación de su historia, lo que les ha permitido tener margen presupuestario para combatir la pandemia y aprobar ayudas para autónomos y pymes. Por un lado, el Gobierno blindó el sistema de financiación y fijó unas entregas a cuenta que no recogieron la caída de la recaudación, al tiempo que aprobó el Fondo Covid-19 de 16.000 millones de euros, la mayor transferencia aprobada al margen del modelo de financiación.

Para el ejercicio en curso, el Gobierno ya ha comunicado que fijará una transferencia extraordinaria de 13.400 millones de euros a las regiones y, además, las comunidades autónomas contarán con recursos de los fondos europeos. En este sentido, el Gobierno ya ha informado del reparto a las comunidades autónomas de 10.000 millones de euros del Fondo REACT, que servirán para reforzar el sistema sanitario y también para impulsar un crecimiento económico más sostenible.

Además de las ayudas públicas directas, se han adoptado medidas como las moratorias en el pago de créditos hipotecarios y sin garantía hipotecaria, cuya extensión a nueve meses se aprobó el pasado 2 de febrero, tras la modificación del marco regulatorio por parte de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Estas moratorias han permitido que más de 1,3 millones entre familias, autónomos y empresas de los sectores del turismo y transporte hayan podido aplazar el plago de sus préstamos.

Finalmente, el pasado mes de noviembre se aprobó la extensión del periodo de carencia hasta los 24 meses y del plazo de amortización de las líneas de avales del ICO hasta los ocho años, con el objetivo de que las empresas y autónomos dispongan de mayor margen para recuperar su actividad económica.