El Gobierno prevé aumentar el control sobre los pagos por Bizum y subir el diésel en 2026

El Gobierno intentará obligar en 2026 a las entidades financieras a que informen mensualmente a Hacienda de la facturación acumulada cada mes y los pagos realizados por Bizum de empresarios y profesionales. Además, entre las medidas fiscales el Ejecutivo también incluye una subida de la fiscalidad del diésel e incrementar los incentivos al vehículo eléctrico.

En lo que respecta a la información que deberán suministrar los bancos, solo tendrán que declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España, excluyendo los cobros entre particulares. Las entidades financieras reportarán a la Agencia Tributaria información mensual acumulada de cada empresario.

Por otro lado, el Ejecutivo advierte que España deberá cumplir a principios de año con la subida fiscal al diésel, uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia necesarios para recibir parte de los fondos europeos ‘Next Generation EU’.

Ante la dificultad para sacarlo adelante en el Congreso, la Comisión Europea dio un plazo adicional de seis meses a España para el cumplimiento de esta medida y debería estar aprobada antes de finales del mes de enero.

Beneficios para la eficiencia energética

Siguiendo en el ámbito de la transición ecológica, Hacienda ha impulsado prórrogas en las medidas fiscales favorables a quienes realicen obras de eficiencia energética y a quienes adquieran un vehículo eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2026.

En el primer caso, se trata de una política vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por la que realizar reformas para rehabilitar viviendas o edificios para reducir la demanda de calefacción o refrigeración se traduce en deducciones fiscales del 20%, 40% o 60%.

Sobre el vehículo eléctrico, se prorrogan las deducciones de hasta el 15% para quienes adquieran un medio de transporte eléctrico «enchufable» y de pila de combustible. Unas ventajas fiscales que no solo afectan a los vehículos, sino que se extienden a la instalación de puntos de recarga para estos vehículos.

La polémica con ‘Verifactu’

Estaba previsto que ‘Verifactu’, el sistema de facturación verificable impulsado por la Agencia Tributaria dentro de la Ley Antifraude, fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

Sin embargo, el Gobierno aprobó un real decreto que incluye la ampliación en un año del plazo para la entrada en vigor de este sistema que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas.

En concreto, ahora esos plazos se alargan un año, por lo que se les exigirá a partir del 1 de enero de 2027 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

Aplazan el IRPF a los parados

También de cara a 2026 los perceptores de la prestación por desempleo no estarán obligados a presentar la declaración del IRPF. El Ejecutivo decidió no obligar a los perceptores de la prestación por desempleo a presentar la declaración del IRPF correspondiente al año 2024 y aplazar la misma exigencia para este año que entra.

Sin embargo, según recoge el BOE, con el fin de evitar que, a través de una norma propia del ámbito social, como es la Ley General de la Seguridad Social, se produzca una modificación de las obligaciones tributarias de las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo, se considera necesaria «la supresión de esta obligación de presentar declaración por IRPF».