Economía
Ayudas europeas

El Gobierno no sabe ni cuando se recibirá el rescate europeo: dice que llegará en «junio o julio»

Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno, no tiene claro cuando llegará a España el primer anticipo de los fondos europeos, cuya cantidad asciende a unos 9.000 millones de euros, y que ante el retaso en los reglamentos europeos, se estima que lleguen a nuestro país en «junio o julio». De hecho, no ha descartado tener que hacer más adelante «ajustes» en la gobernanza.

En la reunión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero con las CCAA de este jueves para analizar cómo se repartirá el dinero de los fondos de la Unión Europea, no se ha llegado tampoco a ningún acuerdo. Los consejeros autonómicos, y otros agentes económicos, han denunciado en los últimos días la opacidad en el reparto de los fondos.

Mientras tanto, De la Rocha explica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado la decisión de empezar las reformas e inversiones antes de que lleguen los fondos ante la difícil situación derivada de la pandemia, con una caída del PIB «algo por encima» del 11% el año pasado, por lo que incluyó un adelanto de 27.000 millones en los Presupuestos de este año. Sin embargo, una cosa es el dinero aprobado en las Cuentas y otra cosa su ejecución efectiva.

El Gobierno está intentando desplegar su política comunicativa sobre los fondos de recuperación en las últimas semanas y confía en que sea el salvavidas de una recuperación que se antoja difícil, pero el problema es que el dinero en realidad no se sabe ni cuándo llegará, como ha reconocido el propio De la Rocha.

Desde el año pasado se ha puesto en marcha el proceso, debido a que el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia permite que las inversiones y reformas realizadas desde el pasado 2 de febrero del año pasado pueden ser elegibles para los fondos europeos.

En todo caso, ha indicado que el Gobierno está ultimando el Plan de Recuperación que incluirá inversiones y 170 reformas distribuidas en 30 componentes y con la transición ecológica, digital, la cohesión social y territorial y la igualdad como ejes vertebradores.

De esta forma, Moncloa precisa que los planes de Recuperación se podrán presentar desde finales de febrero o principios de marzo, en función de la fecha en la que los 27 Estados miembros ratifiquen la «decisión de recursos propios», una legislación europea que apuntala la capacidad de generar ingresos de la Comisión para ir a los mercados.

«Si todo va bien, hacia junio o julio podrían llegar los primeros fondos, el anticipo, y, a partir de ahí, la UE desembolsa dos veces al año, sujeto al cumplimiento de los hitos y los objetivos que se han negociado»

Conforme al calendario actual, hacia finales de marzo todos los países lo habrán culminado y Bruselas podrá aceptar la recepción oficial de los planes, para, posteriormente en un plazo de dos meses revisarlos y aprobarlos, a lo que se suma otro mes más para que el Consejo de la UE (Ecofin) los ratifique y en tres o cuatro meses se firme el acuerdo de implementación y la financiación entre la CE y los Estados miembros.

Una vez se produzca la firma, cada Estado tiene derecho a un anticipo del 13% de la asignación total de fondos, que en el caso de España son 70.00 millones de euros en tres años, por lo que el anticipo rondaría los 9.000 millones.

Reformas para los países europeos

En cualquier caso, ha insistido en que el Gobierno ya está poniendo en marcha el proceso y ha lanzado varias manifestaciones de interés sobre digitalización, 5G, reto demográfico, techos solares o puntos de recarga, para sondear al sector privado, las universidades y los distintos sectores y ver qué proyectos podrían desarrollar como ayuda para estructurar las convocatorias.

Según ha dicho, se prevé el lanzamiento de un «buen número» de convocatorias por parte de los ministerios ya en el primer trimestre y ha garantizado que serán con «concurrencia competitiva» y «transparencia.

Las convocatorias serán tanto para grandes como para pequeñas empresas, si bien en el caso de las primeras se buscará que arrastren las cadenas de valor para llegar a las pymes y ha recordado que los fondos están sujetos al marco de ayudas Estado de la UE y obligan a realizar una inversión.

También se ha referido a la «cogobernanza» que impulsa el Ejecutivo y a la reforma de la Administración aprobada por real decreto ley el pasado 31 de diciembre por el Gobierno para simplificar trámites, eliminar cuellos de botella y agilizar la ejecución de los proyectos, que cree que contiene los «elementos necesarios», si bien no descarta que haya que acometer «ajustes» en materia de gobernanza más adelante.

El marco de gobernanza creado pasa por una comisión interministerial con los miembros del Consejo de Ministros y órganos dependientes de Moncloa y otros ministerios; una comisión técnica integrada por altos funcionarios de la Administración para asesorar a la comisión interministerial; conferencias sectoriales liderada por Hacienda; foros de alto nivel con el sector privado y una mesa de diálogo social con los agentes sociales.

Entre otras, ha citado la reforma en materia de pensiones, mercado laboral, modernización de la Administración, educación, políticas activas de empleo, el SEPE, mejorar la conexión entre los organismos regionales de empleo y aumentar los perfilados, Formación Profesional, digitalización de pymes, Ley de Universidades o formación a lo largo de la vida.