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Economía
Alquiler de vivienda

El Gobierno ignora su acuerdo presupuestario con Podemos y no limitará el precio del alquiler

Gobierno y Podemos pactaron en octubre dar potestad a los Ayuntamientos para limitar el precio en determinadas zonas de las ciudades

Sí ha incluido el resto de medidas del acuerdo de Presupuestos con la formación morada

El Gobierno ha aprobado este viernes un Real Decreto de medidas urgentes para fomentar el alquiler de la vivienda que no incluye una de las medidas estrella del pacto presupuestario firmado con Podemos en octubre. Según ha explicado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno no contempla «medidas de intervención de precios del alquiler».

Esto implica que el Gobierno no ha incluido uno de los puntos, fundamental pero muy criticado por los expertos del sector por su intervencionismo, que obligaba a «poner techo a la subida abusiva de precios de alquiler en determinadas zonas». Según ese acuerdo, los Ayuntamientos tendrían la potestad de declarar una zona determinada «tensionada» y elaborar un índice de precios de alquiler de referencia.

Ábalos ha descartado totalmente esa posibilidad y ha justificado el incumplimiento de este punto del acuerdo con Podemos en que ese pacto «se hizo en el marco de los Presupuestos». «El Real Decreto aprobado no pretende integrar todas las medidas del PSOE ni del resto de grupos parlamentarios, sino solo las medidas que consideramos que son urgentes», ha señalado. «Lo demás, en el trámite parlamentario, podrá incorporarse», ha insistido.

De tres a cinco años

Sin embargo, entre las medidas del Real Decreto aprobado, según ha señalado Ábalos, sí se incluyen el resto de puntos firmados con Podemos en octubre. Entre ellos destaca principalmente ampliar el plazo de prórroga de los contratos de alquiler de tres a cinco años -siete años si es a una persona jurídica-; ampliar el plazo de prórroga tácita de uno a tres años; e imponer un límite de dos meses a la fianza.

Además, se facilitarán los acuerdos entre inquilino y dueño para la mejora de la vivienda, y mejorar la remisión de los contratos de alquiler turístico y propiedad horizontal para que las tres quintas partes de los vecinos puedan limitar los pisos turísticos.