El Gobierno acusa a Torra de lanzar una campaña de desinformación con el corredor 5G

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Quim Torra, en el Congrés Consituent de la Crida. (Foto: Enrique Falcón)
Borja Jiménez

La Generalitat de Cataluña ha acusado al Gobierno de vetar el proyecto del corredor 5G Medriterráneo entre Cataluña, la región francesa de Occitania y un conglomerado de empresas. La institución que dirige Quim Torra acusa al ministerio de Exteriores de paralizar la firma de un acuerdo que «contaba con el beneplácito de la Comisión Europea (CE)».

“Lo teníamos todo preparado y, a última hora, el ministerio de Borrell, que está obsesionado con Cataluña, llamó a la Comisión Europea y nos lo bloqueó”, lamentó el titular de Políticas Digitales en Cataluña Radio.

Sin embargo, fuentes del departamento que dirige Josep Borrell niega a OKDIARIO que se haya vetado el acuerdo. «Se trata de otro ejercicio de desinformación llevado a cabo por miembros de la Generalitat de Cataluña», explican las mismas fuentes, que señalan que, «en ningún caso el Gobierno trata de obstaculizar el establecimiento de avances y acuerdos para el desarrollo de las comunicaciones en Cataluña, sino todo lo contrario».

Fuentes próximas al ministerio de Asuntos Exteriores recuerdan a este periódico que «las Comunidades Autónomas tienen la obligación legal de consultar los textos de los acuerdos no normativos de carácter internacional que desean suscribir» y acusan a la Generalitat de «intentar saltarse este trámite» y, por tanto, «toparse con el tajante rechazo de la Comisión Europea».

«La Generalitat de Cataluña sometió dicho acuerdo al Estado, que determinó la necesidad de introducir cambios formales en razón de su naturaleza jurídica (acuerdo internacional no normativo) y otros relacionados con el contenido», explican las mismas fuentes, que subrayan que, tras la preceptiva consulta a los Ministerio de Economía y de Fomento, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación recordó al gobierno catalán que «la competencia sobre telecomunicaciones y sobre la coordinación en materia de transportes pertenece al Estado».

«El informe enviado a la Generalitat de Cataluña por el Ministerio de
Exteriores en julio de 2019 no prohíbe el acuerdo sino que hace indicaciones de modificación para que se hiciera conforme a la ley. No se niega, por lo tanto, un eventual apoyo a la iniciativa si se modifica el documento», concluyen desde el departamento que dirige Josep Borrell.

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