La Generalitat Valenciana termina con el monopolio del juego en la Comunidad

La Generalitat rompe el monopolio del juego en la Comunidad con un anteproyecto de ley que eliminaría las barreras de entrada a nuevos operadores y favorecerá la libre competencia.

La vigente legislación sobre el juego que rige en la Comunidad Valenciana tiene cerca de 30 años y, salvo alguna modificación ‘light’ introducida por el Partido Popular, ha favorecido a unos pocos operadores. El caso más claro lo encontramos en los casinos, donde tres licenciatarios se reparten el negocio en cada provincia: Cirsa (Valencia), Acrismatic (Alicante) y Orenes (Castellón).

Entre los ejes que regirán la nueva Ley, figura «el equilibrio entre liberalización y regulación responsable, la adaptación a las nuevas formas de juego determinadas por la evolución tecnológica, la revisión de los procedimientos y del régimen sancionador y la experiencia normativa de otras comunidades autónomas».

Entre las novedades de la nueva Ley del Juego, se encuentra la intención de la conselleria de eliminar el monopolio de facto que tienen las actuales tres empresas adjudicatarias de los casinos, uno por provincia.

La actual regulación otorga hasta 7 salas apéndice a cada una de las tres empresas de casinos y establece que éstas dispondrán de dos años para responder al requerimiento de la Administración para la apertura de una sala, en el caso de que ésta reciba una oferta en este sentido. De este modo, sobre el papel las adjudicatarias pueden bloquear la entrada de un competidor hasta siete años.

También se estudia incidir en las homologaciones de las máquinas, de forma que se equiparen a las del resto de comunidades autónomas con el fin de eludir disfunciones. En la actualidad, sólo unas pocas compañías podían trabajar en el sector de la máquinas tragaperras en Valencia. En la última edición de Expojoc, en 2016, cerca de 43 expositores mostraron una oferta de productos y servicios relacionados con los juegos de azar. De esta manera, también se acabaría con otra de las formas de monopolio que acaparan los millonarios ingresos que dejan los juegos de azar en Valencia.

El Grupo Cirsa será uno de los grandes perjudicados tras la aprobación de esta nueva normativa. La empresa dirigida por Manuel Lao Hernández –según Forbes cuenta con una fortuna de 2.800 millones– y su hijo Manuel Lao Gorina verían cómo su cuota de mercado en los juegos de azar en la Comunidad Valenciana disminuiría.