El futuro de Talgo pende de un hilo: el Gobierno retrasa su entrada por los líos judiciales de la SEPI

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 02/10/2025 05:44
  • Actualizado: 03/10/2025 00:41

La situación de Talgo comienza a tornarse desesperada: este martes publicó unas pérdidas de 64 millones en el primer semestre con una caída del 22% de sus ingresos, lo que le valió un castigo del 4,55% ayer en Bolsa. Por ello, el PNV está presionando al Gobierno para acelerar la entrada de la SEPI en su capital, pero el Ejecutivo está «arrastrando los pies» ante los líos judiciales (actuales y previsiblemente futuros) del holding estatal, según fuentes conocedoras de la situación.

Como es sabido, el Consejo de Ministros aprobó en julio una inyección de 75 millones de dinero público en Talgo, 45 millones en forma de capital mediante una ampliación y otros 30 mediante un bono convertible. De esta forma, complementará la entrada del consorcio vasco formado por el fondo público Finkatuz, Sidenor y las fundaciones BBK y Vital, que adquirirán el 29,77% de las acciones de la ferroviaria.

Ahora bien, la entrada de la SEPI se enfrenta a varios problemas muy serios. Por un lado, necesita que la CNMV no considere que hay concertación entre el holding público y el citado consorcio -pese a que ésta es evidente, ya que acordaron la operación directamente el propio Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales-. Por otro, requiere que Bruselas no considere ayuda de Estado este rescate de una empresa en pérdidas que compite con otras privadas.

En tercer lugar, necesita que Renfe elimine o, al menos, suavice la sanción de 167 millones impuesta por los fallos y retrasos de los famosos trenes Avril. Todos estos elementos suponen un riesgo de que esta entrada de la SEPI acabe en los tribunales. Qué es lo que menos quiere el Gobierno tras los problemas que afronta por los rescates de aerolíneas con intermediación de Begoña Gómez o el de Duro Felguera, que sigue intentando evitar un concurso de acreedores en el que el Estado perdería 120 millones.

«Ésa es la razón de que la SEPI se lo esté tomando con mucha calma», según las fuentes citadas. Este miércoles, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que el Gobierno «trabaja intensamente» con todos los involucrados para que la venta de Talgo «pueda resolverse lo antes posible». Sin embargo, nadie espera que pueda cerrarse antes de fin de año.

Por ello, el PNV está perdiendo la paciencia y presiona a Moncloa para acelerar el proceso. Sin embargo, «Sánchez no tiene ninguna prisa porque no necesita al PNV, dado que el resto de sus socios le están bloqueando los Presupuestos y todas sus iniciativas. Así que le da igual que el PNV las apoye. Otra cosa será en un eventual escenario electoral», siempre según las fuentes.

Condiciones imposibles

Por otro lado, Sidenor querría salirse de la operación, ya que supondrá hipotecar la empresa de José Antonio Jainaga, no obtendrá ninguna sinergia (ahorro de costes) con Talgo y tendrá que pagar un precio muy elevado: 4,15 euros por acción fijos más un variable -sujeto a ciertas condiciones- de otros 0,85. Por comparación, la acción cerró ayer en Bolsa en 2,62 euros, un 37% por debajo del precio mínimo y un 48% por debajo del máximo.

Es decir, el consorcio perderá esos porcentajes nada más entrar en el capital. Pero, además, la SEPI exige que estos socios aporten otros 75 millones en bonos convertibles a un precio aún mayor, de 4,25 euros por acción.

Finalmente, el Ejecutivo condicionó la entrada de la SEPI a una refinanciación de la deuda que mantiene la compañía con la banca acreedora, que incluye una nueva financiación de 650 millones con vencimiento a 6 años y una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a tres años, con extensión automática durante dos años más. Adicionalmente, se concederá una nueva línea de avales por parte de las entidades financieras de 500 millones de euros. Una refinanciación que, obviamente, no depende del Gobierno.