Funcionarios de Justicia en Cataluña: «Estamos encerrados y si hay independencia no podremos irnos»

Las empresas no son las únicas que tienen intención de fugarse de Cataluña. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario de los funcionarios en el sector de la justicia, pedía este lunes al Ministerio de Justicia que abriese un periodo extraordinario en sus concursos de traslado pendientes en la Administración de Justicia. La razón: dar la posibilidad a los empleados públicos que desarrollan su actividad profesional en Cataluña de cambiar su destino ante la declaración unilateral de independencia -que ha sido suspendida para la establecer un diálogo-.

Los empleados públicos están en medio del pulso entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Carlos (nombre ficticio), funcionario de la Administración de Justicia desde hace quince años, explica a OKDIARIO que hay tres pilares básicos que “se irán al garete” si se formaliza el divorcio con España. “La inseguridad jurídica, la inseguridad retributiva y nuestro estatus laboral están en juego”.

En primer lugar, si se consumase la independencia se aplicaría la ley de transitoriedad. En esta normativa aprobada por la Generalitat, se establece que la comunidad tendrá una constitución propia y la Constitución española pasará a ser una ley ordinaria. Esto implica la convivencia de dos legalidades diferentes y paralelas que se presentan ante los empleados públicos: “tenemos dos legislaciones paralelas. Yo siempre he trabajado con la ley, yo he jurado la ley no puedo delinquir. Un funcionario no puede ir contra la ley porque para él es sagrada”, cuenta Carlos.

“Nos tenemos que ir sí o sí. Es una cuestión de supervivencia”

No solo está en juego el cumplimiento de la ley, sino también su estatus laboral. Los funcionarios de Justicia son cuerpos estatales a diferencia de otros empleados. “Si Cataluña confirma la independencia, esto se acaba. Dejamos de ser funcionarios del Estado”. Lo que implica que no podrían pedir el traslado a otras regiones del territorio español, como ahora: “estaríamos encerrados porque seríamos funcionarios de la Administración catalana. Esto significa que no puedo irme de Cataluña: cercioran mi libertad.”

Su estatus viene íntimamente relacionado con el pago de sus salarios. “Hasta ahora teníamos nuestros salarios asegurados. A nosotros nos paga el Estado y quien gestiona el pago es la Generalitat. Pero, si dejamos de formar parte de España, las circunstancias cambian y peligran nuestras nóminas. En mi casa somos dos funcionarios, con un hijo menor y una hipoteca. Esto es un drama. Vamos a pasar de una situación buena a una situación infinitamente peor”.

La seguridad jurídica es “lo más importante” tanto para las compañías como para los trabajadores, asegura Carlos. “Se están yendo las empresas, se van a ir los funcionarios y las personas de a pie. Ningún político va a hacer que mi carrera esté en juego: es una cuestión de supervivencia, nos tenemos que ir sí o sí. Si te quedas aquí, mueres”.

“La gente tiene miedo a vivir aquí porque hay una inseguridad muy grande. Todo el mundo quiere irse”, concluía.