El fraude en las prácticas no laborales cuesta más de 1.500 millones a la Seguridad Social

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) denuncia que el fraude en las prácticas no laborales cuesta más de 1.500 millones de euros a la Seguridad Social. Los datos, procedentes de un estudio realizado por el sindicato, muestran una normalización del fraude en los convenios de prácticas no laborales cuya estrategia consiste en tratar de ocultar la existencia de relaciones laborales.

El estudio señala que las empresas ofrecen puestos de prácticas no laborales, y hacen pasar a personas jóvenes que no están matriculadas en ninguna formación reglada, por estudiantes en prácticas, cuando en realidad están desarrollando trabajo efectivo. Estas personas, se ven así forzadas a matricularse en un curso online que suele costar unos 200 euros que salen de su bolsillo.

Repercusión en los salarios y la Seguridad Social

El sindicato destaca que si se tiene en cuenta el conjunto de personas que realizaron prácticas remuneradas, universitarias y de formación en 2018 – un total de 866.079-, que se traduce en una equivalencia de 296.310 puestos de trabajo anuales, el impacto de las prácticas no laborales sobre los salarios es de 4.251,8 millones de euros, calculado en base a los datos que indica la Encuesta de Estructura Salarial (EES).

En el mismo año, y según datos de la misma encuesta, el impacto sobre el sistema de la Seguridad Social asciende a 1.594,4 millones de euros en cotizaciones. Por último, en el periodo entre 2014 y 2018 estas prácticas no laborales no remuneradas o mal remuneradas se han traducido en una pérdida 16.242,1 en salarios y 6.615,2 millones de euros en cotizaciones.

En este sentido, insta a aprovechar el impulso que se está dando en mesa de Diálogo Social a la modernización del Estatuto de los Trabajadores para traer certidumbre en el colectivo de las personas becarias y acabar con su situación precaria.

Además, entiende necesario establecer un Registro Nacional de Estudiantes en Prácticas, así como eliminar las prácticas no laborales extracurriculares y prohibir la realización de convenios de prácticas no laborales mediante la matriculación en cursos a posteriori, así como fortalecer los programas de prácticas dentro de las universidades y centros de formación profesional y, sobre todo, intensificar la intervención de los interlocutores sociales en el ámbito de las prácticas no laborales para velar por la correcta utilización de las mismas.