Fracaso en la captación de inversiones extranjeras en Andorra

En un comunicado este lunes, este instituto de pensamiento concluye que transcurridos siete años de vigencia de la Ley 10/2012 de inversión extranjera, bajo el gobierno de DA, los resultados obtenidos en esta materia son de «fracaso absoluto».

Según su análisis, los datos sobre inversión extranjera que proporciona el propio gobierno no siempre son «suficientemente extensos y claros» para permitir un seguimiento preciso y continuado del impacto de la inversión extranjera en la economía del país.

El grupo de trabajo lamenta que los últimos datos oficiales publicados sobre la materia por parte de Actua daten de 2016, aspecto que cuestiona por transparencia, y señala que en base al indicador del volumen de inversiones formalizado en 2017, se comprueba que éste alcanzó los 82,5 millones de euros, cifra que está lejos, un 16% menos, de la equivalente de 2016, que fue de 98,2 millones y también de la de 2015, que fue de 97 millones.

El grupo de trabajo también subraya el fuerte salto que se produce entre 2014 y los años siguientes -la cifra de 2014 era de 49,8 millones, que pasa a ser en 2015 de 97 millones- no respondería, en su mayor parte, a la formalización de nueva inversión extranjera, sino que provendría de la regularización de patrimonios de ciudadanos no residentes, a raíz de los acuerdos alcanzados con España para evitar la doble imposición.

Según Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, «todo apunta a que algo falta en Andorra y que el actual gobierno no ha sido capaz de aportar».

En su opinión, en economía influyen diversos factores, no solo los racionales, y detrás de toma de decisión de carácter económico hay variables psicológicas que priman más que las que enseñan los manuales de economía, como la confianza en las instituciones o la imparcialidad y eficiencia, que él considera que el actual gobierno del Principado no ha sido capaz de transmitir.

Economía ‘estancada’

En resumen, según señala el Instituto Coordenadas, si se confrontan los objetivos que se proponía con la política favorable a la inversión extranjera del gobierno de Antoni Martí en las dos últimas legislaturas con los resultados obtenidos, el balance sería «calamitoso».

Consideran que no ha alcanzado objetivos en lo que se refiere al fomento del crecimiento económico; a la atracción del emprendimiento, del talento, de la innovación y del conocimiento; al aumento de la
productividad y la eficacia en el uso de los recursos del país receptor, y al incremento de los ingresos fiscales de los países receptores.

Futuro gobierno

Según estos analistas, quien forme gobierno deberá hacer frente a los retos que el Principado tiene apuntados en la agenda desde que decidió incorporarse al club de las democracias de la UE, algunos relacionados con la imagen exterior de un país que debe consolidar su apuesta por la apertura y la modernidad.

Apuntan que la designación de Andorra para celebrar la Cumbre Iberoamericana en 2020 o la celebración de unas finales de la Copa del Mundo de esquí alpino forman parte de un proceso de presentación al mundo como país abierto y de futuro, aunque lo ven lastrado por haber sido paraíso fiscal y «haber acogido en su seno y alimentado un sistema financiero repleto de irregularidades cuyo punto álgido fue la más que discutible intervención de una entidad como BPA».

Sobre este punto, señala que era una entidad que tenía como factor negativo el no pertenecer al «selecto grupo de familias que lleva gobernando Andorra, su banca y parte de su economía».