Fracasa el plan de Sánchez para proteger a los vulnerables de la crisis: ha favorecido a las rentas altas

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le llena la boca diciendo que el objetivo de su política económica ha estado centrado en mejorar las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, pero los resultados demuestran que su plan ha cosechado un sonoro fracaso. La población en riesgo de pobreza, después de recibir las diferentes transferencias sociales y de aplicarse otras medidas como la rebaja del IVA para determinados bienes de consumo y servicios, se ha situado en un 22%, muy por encima de Francia (14,5%), Alemania (16%), o Italia (20%). España es además junto a Italia el estado europeo en el que el sistema de asistencia social contribuye menos a reducir el porcentaje de los más vulnerables antes y después de la contracción económica generada por la pandemia. Se considera población en riesgo de pobreza, según los estándares internacionales, al grupo de personas cuyo nivel de ingresos se sitúa un 60% por debajo de la media nacional.

En un informe elaborado por la consultora Freemarket, a partir de datos oficiales provenientes del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España, se analiza el impacto de las iniciativas adoptadas por el Ejecutivo para paliar la crisis, y los resultados son también demoledores. De todo el apoyo presupuestario desplegado, 2.055 millones han acabado yendo al 30% de los hogares de mayor renta por los 1.484 millones dedicados al 30% de las familias de rentas más bajas. La causa es que las rebajas del IVA de la electricidad y del gas han favorecido un 39% más a los ‘privilegiados’. En cuanto a la rebaja del IVA para los alimentos básicos, su impacto presupuestario se eleva a 645 millones, de los cuales 240 millones han ido a parar a los que tienen más ingresos y los 142 millones restantes a aquellos con menores recursos económicos, una diferencia del 70%.

Los resultados son aún más escandalosos en lo que respecta a lo bonificación de los carburantes vigente hasta comienzos de año, que dio lugar a un 192% de diferencia en favor de los ciudadanos con una situación financiera más saneada, que recibieron una subvención de 1.377 millones. Toda esta clase de desequilibrios se ha acentuado con motivo de las subidas de tipos de interés que el Banco Central Europeo inició en junio del año pasado y que contribuirán a deteriorar aceleradamente las cuentas de las familias endeudadas con rentas medias y bajas. La herida se hará más intensa a medida que el BCE siga subiendo el precio del dinero, empiece a reducir su balance dejando de comprar bonos públicos y ambas decisiones se trasladen, como ya ha comenzado a suceder, al Euribor.

Otro de los hechos sorprendentes que se desprenden del análisis de Freemarket es la desigualdad medida por el llamado coeficiente Gini. En el caso de España, este indicador refleja un estancamiento desde el final de la pasada legislatura (está situado en el 30,6 siendo 0 el caso de equidad perfecta), a pesar de que la política del presidente Sánchez ha establecido entre sus principales objetivos la reducción de la desigualdad sin lograr avance alguno en esa dirección después del enorme incremento de los impuestos y del gasto público impulsado por el Gobierno. Los principales beneficiarios de las ayudas sociales arbitradas por el Ejecutivo han sido los niveles de renta más altos. En concreto, el 20% de las personas con mayores ingresos ha recibido más del 30% del total de los programas puestos en marcha por Sánchez mientras el 20% más pobre sólo percibió el 12%. Como corolario, España ostenta junto a Italia, Grecia y Luxemburgo el liderazgo de una política redistributiva con efectos más regresivos para los hipotéticos destinatarios.

España es también el país de la Unión Europea donde más se ha reducido la renta disponible desde antes de la pandemia, en concreto un 7,4 por ciento, afectada por el aumento de la tasa de desempleo -hasta el 12,9%-, el crecimiento de la inflación -actualmente del 6,1%- y el correspondiente Índice de Malestar -que es el sumatorio de las tasas anteriores- y que se situó a finales de 2022 en el 19%, cuatro puntos por encima de la media de la Eurozona.

En conclusión, la política desplegada por el Gobierno para aliviar el impacto de la crisis y el alza de la inflación sobre las economías familiares, en especial sobre aquellas en una posición más frágil ha sido un completo fiasco. Se ha traducido en un uso ineficiente de los recursos cuyos efectos redistributivos reales han sido inexistentes. En paralelo, se ha producido una degradación sin precedentes de las condiciones de vida de los españoles que no muestra signos de corregirse en un horizonte económico definido por la desaceleración de la actividad, por la persistencia de la inflación y por la continuidad de las políticas del Gobierno.