España suspende en seguridad jurídica, protección de la propiedad, carga fiscal y libertad de empresa

España cosecha unos resultados demoledores en lo que se refiere a la efectividad del sistema judicial, la protección de los derechos de propiedad, la carga fiscal -como resultado de unos impuestos más altos que la mayoría de los países de la Unión Europea-, así como la libertad de empresa, muy dañada por las trabas burocráticas y la carga regulatoria que soportan las compañías. Estos son algunos de los resultados más relevantes del Índice de Libertad Económica elaborada la Fundación Heritage en colaboración con The Wall Street Journal y que ha hecho públicos el Instituto de Estudios Económicos.

En lo que se refiere a los derechos de propiedad, que son un factor primordial para favorecer la acumulación de capital y animar la producción y la inversión, España obtiene un resultado preocupante: ocupa el puesto 27 de los 38 países de la OCDE, en la zona baja de la tabla, y muy lejos de las posiciones más elevadas. Nuestra calificación está un 12,3% por debajo de la obtenida por Finlandia, el país con mejor desempeño en esta variable.

Los autores del Índice insisten en la importancia de la seguridad jurídica para el progreso económico. Ello exige «un entramado normativo que  asegure que las leyes se respetan plenamente y que se emprendan las acciones legales apropiadas contra cualquier tipo de abuso improcedente». «En una economía avanzada, la degradación de la efectividad judicial puede ser síntoma de deterioro institucional y, a medio y largo plazo, puede conducir al declive económico». España también obtiene un resultado alarmante en esta medición. Ocupamos el puesto 31. Nuestra calificación está un 24,2% por debajo de la obtenida por Suiza, el país con mejor desempeño en esta variable.

Además, los responsables del indicador insisten en que existe evidencia suficiente de que la consolidación de un modelo tributario neutral y atractivo contribuye a acelerar el crecimiento económico, lo que termina resultando en mayores ingresos públicos con menor sacrificio o esfuerzo fiscal por parte de los contribuyentes. A estos efectos, «es importante estudiar con detalle el impacto de los impuestos y proceder a la reforma de sus normas y tarifas, con el objetivo último de reducir el peso que tienen los impuestos sobre las actividades económicas», aseguran los autores del informe. España obtiene un resultado pésimo en este subíndice. Está en el puesto 29, y su calificación está un 29,4% por debajo de la obtenida por Lituania, el país con mejor desempeño en esta variable.

No resulta sorprendente que el desempeño en esta categoría de España, junto a la del gasto público y la deuda, sea tan pobre. En el Impuesto sobre la Renta, el tipo superior vigente en España es del 47%, frente al 39,5% que se aplica en el resto de la OCDE. En el Impuesto sobre Sociedades, la tasa exigida en nuestro país es del 25%, frente al 22% de las demás economías desarrolladas. En la ratio que relaciona el peso del gasto público sobre el PIB, España se anota un 45,3% frente al 41,9% observado en el resto de los países vinculados a la OCDE. Y en lo tocante al endeudamiento público, nuestras obligaciones llegan al 117,1% del PIB, frente al 77,2% de los demás miembros de la OCDE.

En cuanto a la libertad de empresa, España continúa en la zona baja, en concreto en la posición 32 de los 38 países de la OCDE, a pesar de la influencia positiva de los fondos europeos, que han favorecido la inversión empresarial. Así obtiene una puntuación un 6,7% inferior a la de la media de los estados desarrollados, así como un 6,5% menor que el promedio de la UE-27, una situación preocupante si se tiene en cuenta que la libertad de empresa, junto con la iniciativa privada, son factores determinantes para la generación de riqueza y  de creación de empleo.

Entre los elementos que perjudican la libertad de empresa cabe destacan la hiperregulación, que obstaculiza la productividad y daña la libre competencia. En las últimas décadas se ha producido una gran proliferación normativa en nuestro país, «lo que redunda en un deterioro de la calidad del marco legislativo, que se torna excesivamente complejo, con los consiguientes perjuicios y costes para el tejido empresarial y la actividad económica», según el informe elaborado por el IEE a raíz del Índice de Libertad Económica.

«Este proceso de inflación normativa ha venido impulsado, principalmente, por la potestad legislativa de las comunidades autónomas, cuya normativa ya supone el 70% del volumen total aprobado en el conjunto del Estado». «Un contexto que supone el caldo de cultivo para que aparezca el fenómeno de la fragmentación regulatoria y, por tanto, un quebranto de la unidad de mercado», concluyen los responsables del informe.