La España de Sánchez: 3 años de cárcel si el político roba, 6 si el empresario incumple la ley laboral

Segundo golpe del Gobierno a los empresarios en menos de un año en el terreno laboral -al margen de los impuestazos y los ataques personales continuos-. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, elevó en la reforma laboral aprobada a finales de diciembre pasado las multas a los empresarios que se saltaran las normas en la contratación de trabajadores temporales. De un máximo de 7.000 euros, estableció sanciones de hasta 10.000 euros por cada caso individual. Ahora, ha introducido un cambio en la ley laboral para que los empresarios que incumplan la norma reiteradamente tengan que pasar hasta seis años en la cárcel. Mientras, los políticos que roben tendrán un máximo de tres años de cárcel, según las reformas introducidas este viernes por PSOE y Podemos en el Congreso.

En la España de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ser empresario no es fácil, pese a ser quienes crean empleo y ponen en marcha negocios. Antes de la reforma laboral, en vigor desde el 1 de enero, el empresario que se saltase la norma a la hora de hacer un contrato temporal a un trabajador tenía que pagar como máximo 7.000 euros. Y si la infracción era sobre más de un empleado, la multa era también de 7.000 euros. Tras la reforma, la sanción por un empleado pasa a ser de 10.000 euros y si son cinco, 50.000 euros.

Ahora, el Gobierno ha ido más allá y ha incluido en la nueva ley laboral que se está tramitando en el Congreso imponer sanciones de hasta seis años de cárcel para los empresarios que reiteradamente incumplan la norma a la hora de contratar personal. La norma señala que la sanción se impondrá «a quien imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa».

Además, en la nueva norma se rebajan las penas de las protestas «pacíficas» de los sindicatos, de lo que se beneficiarán los piquetes. Esta norma se modifica por la presión de las centrales UGT y CCOO, que también han visto como se incrementaban las subvenciones públicas con Sánchez en el Gobierno.

Si es político, tres años

Mientras, los empresarios que incumplan la ley tendrán más sanciones y pueden acabar en la cárcel, los políticos tendrán más fácil malversar dinero público y robar. Para los políticos que roben durante su ejercicio y no puedan justificar el enriquecimiento a partir de 250.000 euros se les impondrá un castigo de hasta 3 años de cárcel como máximo. Si es menos de un cuarto de millón de euros, tendrá vía libre.