¿Eres interino en España? La Justicia te indemniza por abuso de temporalidad tras la sentencia del TJUE
Los jueces españoles se han visto obligados a emitir las primeras sentencias teniendo en cuenta el criterio de Europa
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado una sentencia que supone un punto de inflexión en el tratamiento de la temporalidad en el empleo público español. La sentencia declara la nulidad de facto de la Ley 20/2021 de compensaciones para la reducción de la temporalidad en el sector público. Todo ello al considerar que sus medidas para sancionar el abuso de la contratación temporal no son adecuadas ni suficientes.
Ni la conversión indefinida o no fija, ni los procesos de estabilización, ni las indemnizaciones tasadas han podido cumplir con el objetivo de prevenir o reparar el abuso. Es por ello que los jueces españoles se han visto obligados a emitir las primeras sentencias teniendo en cuenta el criterio de Europa.
Un ejemplo es la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Vigo, que ha reconocido una indemnización de más de 52.000 euros a una investigadora del CSIC. Esa indemnización no se vincula al cese, sino al abuso de la temporalidad, y que resulta relevante porque la trabajadora había logrado posteriormente una plaza estable en un proceso selectivo.
En Badajoz, hubo un caso similar con una indemnización de 16.000 euros a un trabajador público que había sido cesado como indefinido no fijo tras cubrirse su plaza, pero que posteriormente obtuvo una plaza de funcionario.
Consecuencias para el interino en España
La sentencia del TJUE prohíbe aplicar la figura del «indefinido no fijo» como mecanismo de compensación a los interinos. Con ello, se mantiene la relación laboral temporal y la precariedad del trabajador, rechaza las indemnizaciones topadas y por despido improcedente y descarta la efectividad de los procesos selectivos o de estabilización.
Es por ello que la sentencia obliga a todo interino en España a ser fijo si ha sufrido abusos en su contratación. El Tribunal Supremo debería pronunciarse sobre el caso en el plazo de un mes o mes y medio para fijar jurisprudencia.
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