La SEPI admite que no tiene protocolo para vigilar si una empresa rescatada enchufa a familiares del Gobierno

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo que repartió más de 2.600 millones de euros en rescates durante la pandemia, ha reconocido que no cuenta con ningún mecanismo para vigilar si las empresas que reciben esa elevada inyección de dinero público enchufan a familiares de miembros del Gobierno.

Así lo ha admitido en respuesta a una pregunta formulada por este periódico de manera directa sobre qué control existe en la SEPI para evitar conflictos de interés. Concretamente, OKDIARIO se interesó por los posibles «criterios, protocolos o instrucciones internas» que usa el organismo «detección o prevención» de dichas colocaciones a dedo derivadas de «la contratación de personas con vínculos con cargos públicos que hubieran participado en la toma de decisiones relativas a las ayudas concedidas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

La contestación de la SEPI fue subrayar que no existe ningún protocolo interno para estos casos y limitarse a señalar que ya hay leyes generales de incompatibilidades para altos cargos.

«No ha resultado necesario aprobar un protocolo singular específicamente referido a la contratación, por empresas beneficiarias del FASEE, de personas con vínculos familiares o personales con miembros del Gobierno, al encontrarse esta materia suficientemente regulada», responde.

Resulta llamativo que el organismo no cuente con recursos adicionales para este tipo de irregularidades dado que, en los últimos años, varias compañías rescatada con dinero de la SEPI han acabado en el punto de mira por pagar favores o colocar a personas del entorno del Ejecutivo.

Rescates bajo sospecha judicial

Cabe tener en cuenta que la SEPI es una empresa estratégica que gestiona empresas de energía, telecomunicaciones, defensa, transporte y miles de millones de euros de dinero público. Dentro de su actividad, el organismo también gestionó dicho Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado para salvar a empresas en riesgo durante la pandemia.

Con ese dinero -2.681 millones de euros- la SEPI concedió rescates a 28 empresas y ahora más de un tercio de esa cantidad, casi mil millones de euros concedidos entre noviembre de 2020 y julio de 2021 están siendo investigados ahora por la Audiencia Nacional por presunto pago de comisiones y tráfico de influencias.

Algunos de los auxilios con dinero público más relevantes son los de Air Europa, por valor de 475 millones de euros, Ávoris, por 320 millones, Tubos Reunidos, por 112 millones, o Plus Ultra, por 53 millones de euros

El caso más claro es el de esta última. La aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de este fondo, pagó 530.000 euros -el 1% del rescate- a una empresa vinculada al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero para que mediara en la concesión, según declaró su propio ex presidente, Julio Martínez Sola, ante el juez de la Audiencia Nacional.

Tubos Reunidos es otro de los expedientes más recientes. En este caso, según la documentación intervenida por la UCO, el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, firmó un contrato para cobrar una comisión si lograba suavizar las condiciones del rescate estatal a la siderúrgica. La remuneración estaba vinculada al ahorro en intereses y pasó del 2% al 1,5% tras el consejo de administración.

En el caso del touroperador Ávoris, el rescate conecta concedido en marzo de 2021 conecta directamente con  la colocación del marido del ex ministro de Cultura y Deporte dos meses más tarde en Iberojet, la aerolínea a la que Ávoris desvió 66 de los 320 millones recibidos.