Economía
Libertad económica

Las empresas estallan: «Menores ingresos deben ir acompañados de menos gastos operativos»

Las últimas medidas del Gobierno de Pedro Sánchez y de algunas comunidades autónomas como Cataluña -donde han cerrado, por ejemplo, los bares y restaurantes durante 15 días provocando un grave enfado en la patronal- se conjuran contra la libertad de empresa, que está viviendo una batalla encarnizada contra la pandemia del coronavirus.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, avisaba este mismo miércoles en una intervención sobre como «el impacto temporal de la pandemia se convierte en el cierre de muchas empresas y, por lo tanto, en una pérdida permanente de capacidad productiva».
Pero generar más cargas para las empresas no es algo que haya llegado sólo por la pandemia. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder se han impuesto cargas extra para la actividad empresarial como la obligatoriedad de llevar un registro horario detallado, la subida del SMI a 950 euros, la obligación de pagar los costes del teletrabajo o el endurecimiento de las sanciones si se incumplen las leyes de igualdad, entre otras.

Carlos Ruiz, director de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), explica a OKDIARIO que “España ocupa el puesto 30 de la OCDE y el 21 de la UE-27 en el ILE (Índice de Libertad Económica) lo que la incluye en el segmento de economías moderadamente libres». Este experto aclara que «el puesto que ocupa en 2020 es una posición baja respecto al ranking global, con un resultado aún peor que en el curso anterior». «Esta mala evolución está muy vinculada con el deterioro del subcomponente de la libertad de empresa, así como con nuestra peor posición en presión fiscal, elevado gasto público y fortaleza presupuestaria. De igual forma, se puede extrapolar dicho comportamiento a la posición del subcomponente de libertad laboral», recuerda Ruiz.

Además, el economista del IEE avisa: «El impacto directo de la enfermedad y de las determinadas medidas adoptadas para la prevención y contención de esta pandemia, en aras de garantizar por parte de las autoridades públicas la seguridad y salud del conjunto de los ciudadanos, han tenido y están teniendo un claro efecto restricción e impedimento del principio de libertad económica, rompiendo los flujos de actividad y de circulación habituales de personas, bienes y servicios, y capitales indispensables para el funcionamiento del sistema económico».

Y recuerda: «A las empresas afectadas se las está cargando con costes por partida doble: por un lado, en muchos casos, se les dificulta o limita el ejercicio de su actividad, con el consecuente impacto sobre los ingresos; por otro lado, se les obliga a cumplir con una serie de obligaciones legales, tributarias, administrativas y laborales que suponen un elevado coste, y por tanto, un aumento de los gastos operativos, que puede no corresponderse, al menos de forma transitoria, con el nivel de demanda a satisfacer».

Por otro lado el encargado del servicio de estudios de este think tank independiente, que pusieron en marcha los empresarios ya en la transición y que está vinculado a CEOE, avisa de que «la capacidad de abrir y gestionar una operativa empresarial sin interferencias ni injerencias indebidas por parte del Estado constituye uno de los elementos centrales de la libertad económica». «Menores niveles de ingresos tienen que ir acompañados de menores gastos operativos», recuerda. «Si la empresa no puede reducir sus principales costes, supone una tensión sobre la liquidez que puede ser insostenible para la empresa y terminar precipitando su cierre», dice.

La razón es que «la quiebra de una empresa que hubiera podido ser viable con algunos ajustes en su plantilla es dramática porque supone, de facto, el despido inmediato de todos los trabajadores de su plantilla. De forma contraria, un entorno flexible facilita la creación de empleo y la preservación del mismo». «Y aún peor, puede abocar a una situación de vulnerabilidad a sus principales socios comerciales provocando una reacción en cadena. Esta destrucción del tejido productivo no es reversible en el corto plazo y trae consigo una mayor restricción de la actividad, por el lado de la oferta, lo que se traduce en destrucción de la riqueza y pérdida de bienestar para el conjunto de la sociedad», remacha.

Según Carlos Ruiz, del IEE, «es urgente que se restablezcan lo antes posible aquellas condiciones que permiten a las empresas poder operar en un marco institucional y regulatorio en el que se garantice el principio de libertad económica y de libre empresa».

«Si el fin es mantener el máximo nivel de empleo posible, no se logrará abocando a las empresas al cierre definitivo por no poder ejercer su actividad convenientemente. Antes, al contrario, terminará produciendo el efecto opuesto al deseado, al retrasar la recuperación de la actividad y provocar una mayor caída de la actividad y del empleo como resultante de la destrucción del tejido empresarial», concluye.