Los empresarios rechazan la subida del 30% de las cotizaciones que propone Escrivá: hundirá el empleo

Los empresarios rechazan frontalmente la subida del 30% de las cotizaciones sociales máximas que planea el ministro Escrivá durante los próximos años «porque ignora las consecuencias económicas de la medida, que dañará el empleo y no contribuirá a hacer más sostenible el sistema de pensiones», según fuentes de la patronal CEOE consultadas por OKDIARIO.

Según el responsable del Departamento de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones,  las pensiones también aumentarían en una cantidad similar en los próximos ejercicios aunque con un cierto retraso respecto al incremento de las cotizaciones, pero esto «convertiría el sistema en un modelo confiscatorio», asegura un experto fiscal socio del despacho Garrigues. «El truco consiste en que se recaudará más en cuanto se apruebe la medida, pero las pensiones todavía no se sabe exactamente cuánto van a subir ni cuándo se van a pagar porque esto depende de la esperanza de vida de los ciudadanos», indica.

Por otra parte, «las pensiones máximas ya sufragan un impuesto sobre la renta muy elevado y, además, un sector muy importante de los eventuales beneficiarios son funcionarios de la Administración pública, por lo que la subida repercutiría en un alza del gasto del Estado», añaden los medios de CEOE. «Es verdad que la subida de las cotizaciones elevaría la recaudación a corto plazo, pero no parece la mejor idea en un contexto como el actual, presidido por la crisis económica y la próxima recesión».

«Una decisión de este tipo tendría repercusiones claras sobre la creación de empleo y provocaría la deslocalización de empresas en busca de territorios menos hostiles desde el punto de vista fiscal. Distorsionaría los costes laborales y perjudicaría la competitividad de las empresas españolas. Adicionalmente, la necesaria obligación de aumentar las pensiones para evitar la confiscación tributaria hará menos sostenible el sistema», aseguran en el despacho de Garrigues.

Los empresarios rechazan igualmente la subida del 8,5% de las cuotas sociales que ha aprobado el Gobierno para este año, y que supera una inflación que se va a situar en el entorno del 7%. «Es un sinsentido económico, que se añade al aumento que hemos padecido del Impuesto de Sociedades y a los tributos de nueva generación sobre las compañías eléctricas y las entidades financieras», añaden.

El ministro Escrivá está obligado a enviar a la Comisión Europea la segunda parte del programa integral para una reforma de las pensiones que asegure un modelo sostenible a largo plazo, capaz de afrontar las obligaciones futuras. La estrategia constituye una exigencia de las autoridades de Bruselas para que España pueda seguir recibiendo los fondos de ayuda europeos, después de que, al poco tiempo de llegar al poder, el presidente Sánchez decidiera eliminar el factor de sostenibilidad que había incluido el Ejecutivo de Mariano Rajoy para proteger la viabilidad del modelo.

De acuerdo con dicho factor, la pensión se ajustaba de acuerdo con la evolución de la esperanza de vida. Pero este indicador fue sustituido casi de manera inmediata por el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que representa un 0,6% adicional de cotización entre 2023 y 2033 y que la Comisión quiere que se prolongue hasta 2050, a fin de hacerlo permanente. En todo caso, Bruselas desconfía de que esta sola medida sea suficiente para arreglar la situación a largo plazo y demanda al ministro Escrivá más aportaciones para completar el escenario.

Teóricamente, el plan debe ser negociado con Unidas Podemos -socio del Gobierno- y los agentes sociales, pero no hay señales de que se hayan producido avances sustanciales con los sindicatos -tradicionalmente afines a los postulados del Ejecutivo-, y desde luego no hay noticia de acercamiento alguno con la patronal, que se opone tajantemente a las intenciones del ministro Escrivá.

Todos los medios consultados añoran el anterior factor de sostenibilidad, «que era muy sensato». Desde entonces, aducen, las pensiones han regresado a la arena política, se han convertido de nuevo en un motivo de batalla entre los partidos, que era lo que precisamente pretendía evitar el Pacto de Toledo, pero que el Partido Socialista ha desoído, incumpliendo aquel mandato consensuado entre todas las formaciones políticas.

La prueba es la decisión de Sánchez de revalorizar el año próximo las jubilaciones incluso por encima de la inflación, hasta un 8,5%. Paralelamente, el aumento de las cotizaciones planteado por Escrivá perjudicará a los trabajadores, pero sobre todo a las empresas, que cubren el mayor porcentaje del pago mensual de las cuotas sociales.