El empleo precario en las administraciones públicas supera en cuatro puntos al de las empresas privadas

El empleo temporal en las administraciones públicas alcanza a septiembre el 27,9% del total, cifra récord según denuncia el sindicato CSIF, central más representativa en el sector público. La cifra es casi cinco puntos por encima de la que marcan las empresas privadas, un 23,1%. Estos datos desmontan las constantes referencias del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y de los sindicatos UGT y CCOO al sector privado como ‘culpable’ de la alta temporalidad en España.

«Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el tercer trimestre del año se registraron 931.600 personas asalariadas con contrato temporal, 64.000 más respecto al trimestre anterior», asegura el sindicato en una nota.

Esa cantidad de nuevos empleos temporales supone un 57% del total de los nuevos contratos realizados en la administración pública, cifra que «nunca se había alcanzado» según la central sindical. En este tercer trimestre se han incorporado al sector público 111.200 personas, una de cada cinco nuevas personas que han firmado un contrato entre junio y septiembre.

Esto significa, denuncian, que las administraciones públicas están haciendo frente a la pandemia con empleo precario, temporal, principalmente en el sector sanitario, pero también en organismos como el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para intentar acabar con el atasco que ha supuesto las nuevas prestaciones puestas en marcha por el Ejecutivo -ERTE, Ingreso Mínimo Vital…-.

Negociación

El sindicato solicita a la ministra de Función Pública, Carolina Darias, la apertura de una negociación inmediata para resolver esta situación y acabar con esta precariedad. «Es preciso afrontar el problema del exceso de la temporalidad y afrontar el déficit estructural de las plantillas que se ha puesto en evidencia durante la pandemia en ámbitos como la Sanidad, la Educación o la Administración General del Estado (Servicio Estatal de Empleo, Seguridad Social), entre otros», señala en la nota.

«No puede ser que ámbitos fundamentales en la prestación de servicios que recibe nuestra ciudadanía dependan de un contrato temporal, con el nivel de precariedad e incertidumbre que ello implica», insiste la central. Por eso, CSIF ha pedido que se contraten a más de 106.00 nuevas personas en tres años y se elimine la tasa de reposición de los Presupuestos Generales del Estado, que limita la nueva contratación.