Economía

El culebrón de Abengoa no ha terminado: los proveedores pueden quebrar la compañía

El pacto presentado por Abengoa ante el juez para evitar el concurso de acreedores no garantiza la viabilidad de la compañía en el corto plazo, ya que los proveedores a los que le debe dinero la empresa pueden reclamar el pago de las deudas pendientes al margen del acuerdo alcanzado por Abengoa con bonistas y bancos acreedores.

Según fuentes jurídicas especialistas en derecho concursal consultadas por OKDIARIO, el pacto de espera (standstill) que ha presentado Abengoa supone una “herramienta de ingeniería jurídica” que genera muchas “dudas e incertidumbres” respecto a la reestructuración de la deuda de la compañía porque la Ley no contempla ni siquiera la existencia de esta figura.

El pacto ‘standstill’ de Abengoa es una “herramienta de ingeniería jurídica sin precedentes»

El documento presentado ante el juez contempla el compromiso del 75% de los acreedores (fundamentalmente bonistas y bancos) de no reclamar el pago de las deudas durante los próximos siete meses a cambio de que Abengoa no solicite el concurso de acreedores (es decir, no se declare en quiebra).

Las fuentes consultadas indican que “no existe precedente” de este tipo de acuerdos para evitar el proceso concursal, ya que “lo que tenía que haber hecho Abengoa era presentar un acuerdo de refinanciación”, tal como establece la Ley Concursal. Está ahora en manos del juez determinar si este pacto standstill cumple la normativa para evitar el concurso y conceder la prórroga de siete meses solicitada por la empresa y el 75% de sus acreedores.

Por lo tanto, aunque el juez de el visto bueno a la fórmula empleada por Abengoa para evitar solicitar el concurso voluntario, “todo se puede ir al traste con que tan sólo un proveedor al que la empresa le debe dinero reclame los pagos presentando documentación que constate los incumplimientos de los compromisos de pago”, explican las fuentes consultadas.

Si esto se produce, Abengoa deberá demostrar que no es insolvente, “lo que exigirá que bancos y bonistas vuelvan a inyectar capital para mantener el funcionamiento de la compañía”.