El dueño del 2% de DIA se opone a la subida del 400% en el sueldo del nuevo CEO

El dueño de un 2% de DIA se opone a la nueva política retributiva en la compañía de supermercados. Western Gate, la división de inversión perteneciente al ‘family office’ de Luís Amaral y propietario de alrededor del 2% de Dia, ha expresado su oposición a la reducción del número de consejeros y a los cambios en la política de remuneración del grupo.

En concreto, la firma votó en contra de ambos puntos en la última junta general de accionistas de Dia, que aprobó el aumento de sueldo del nuevo consejero delegado, Karl-Heinz Holland, con una retribución fija anual de tres millones de euros, lo que supone un 400% más frente a los 600.000 euros de sueldo fijo que percibió Ricardo Currás al frente de la cadena de supermercados al cierre de 2017. La compañía también fijó en ocho el número de miembros del consejo de administración, entre otros puntos.

Sobre la reducción del número de consejeros, Western Gate señala que el grupo sigue siendo una empresa cotizada y que los intereses de los accionistas minoritarios deben protegerse.

En su opinión, la situación actual compromete a la compañía en términos de Gobierno corporativo, ya que los accionistas minoritarios «han sido apartados del proceso de tomada de decisiones e incluso puede estar sujeta a escrutinio por parte de las autoridades reguladoras».

Así, Western Gate defiende que el número de miembros del consejo de administración de Dia debe establecerse de nuevo en diez, con una representación proporcional de la estructura accionarial. «Si el número de consejeros se reduce efectivamente a ocho, el consejo de administración debe permitir que los accionistas minoritarios apunten dos consejeros para garantizar que sus intereses en la empresa estén representados», ha señalado la firma.

Respecto al punto relacionado con la política de remuneración, Western Gate ha señalado que la propuesta sometida a votación suponía que la remuneración variable de los consejeros ejecutivos a corto, medio y largo plazo fuese dependiente de los objetivos económicos, financieros y no financieros alcanzados.

Sin embargo, según la firma, la propuesta no especifica qué objetivos se deben alcanzar, lo que, en su opinión, no permite a los accionistas saber si sus intereses están alineados con los de la gerencia del grupo.