Las dimisiones en el consejo de Indra ponen en peligro la operación de compra de Escribano
Las dimisiones de Luis Abril y Francisco Javier García en el consejo de Indra ponen en peligro la aprobación de la posible compra de Escribano (EM&E), la empresa de su presidente, Ángel Escribano. Si la operación sale adelante, fuentes cercanas a la compañía aseguran que se producirán más dimisiones de independientes que serán difíciles de sustituir.
«Es muy complicado que salga esta operación tras estas dimisiones. Sería muy raro que el resto de los independientes de Indra se quedasen si se va a aprobar la compra de Escribano, por las posibles responsabilidades penales en que pueden incurrir. Y, con ese riesgo sobre la mesa, a ver dónde encuentran otros para completar el consejo», sostiene una de las fuentes.
Como ha venido informando OKDIARIO, estas primeras salidas no sólo se explican por su oposición a la operación de Escribano, sino también por el temor a acabar en el banquillo en caso de que algún accionista de Indra interponga una denuncia (si la operación sale adelante, claro).
«Los proxies [asesores de voto en las juntas de accionistas] van a cuestionar este movimiento seguro, y mira que los proxies tienen tragaderas con las cuestiones de gobierno corporativo en España. Pero cuando una cosa puede ser delictiva, sí se ponen muy serios», añade otra fuente.
Las fuentes consultadas consideran que sería muy probable que esta operación entre en el tipo penal de administración desleal, ya que «estamos ante el caso del presidente de una compañía cotizada [Indra] que se quiere comprar su propia empresa [Escribano], que vale un dinero y que, además, es la que ostenta la participación en la cotizada por la cual él es consejero de la misma».
Eso ya de por sí tendría indicios de delito y es lo que dificulta no sólo que los consejeros -en especial los independientes- voten a favor de la compra, sino que permanezcan en el órgano porque todos son responsables de las decisiones colegiadas del consejo de administración.
Valoración
Pero, además, está la cuestión de la valoración. Una tercera fuente al tanto de la situación asegura que «Escribano vale 100 y su dueño pretende que Indra pague 1.000». Es decir, la posible ilegalidad de la operación puede verse agravada si, además, Indra paga una valoración exagerada por la compañía de su presidente en beneficio de él mismo.
Y añade que «Abril no quiere verse involucrado en un tema de dinero con políticos [la SEPI] porque acabará saliendo a la luz». El que era también director general de Minsait (filial civil de Indra) declaró el pasado 14 de mayo en el caso Begoña Gómez, ya que fue él quien denunció ante el consejo de Indra el contrato que suscribió con la cátedra de la Universidad Complutense que dirigía la esposa de Pedro Sánchez.
De momento, Indra está tratando de cumplir la legalidad con la inhibición de Ángel Escribano y su hermano Javier (dominical en representación del Grupo Escribano) en las reuniones del consejo cuando se plantea la operación. Asimismo, ha sustituido a Abril y García por Eva Fernández y de Oriol Pinya con categoría de independientes.
Temas:
- Indra
Lo último en Economía
-
Bruselas ve contradicciones entre los nuevos aranceles de Trump y el acuerdo UE-EEUU y exige «claridad»
-
La Seguridad Social confirma el palo a las pensiones: no van a subir todo lo que pensábamos
-
Álvarez (UGT) carga contra la CEOE: «Les preocupa una mierda nuestra salud y nuestra seguridad»
-
Caledonian proyecta la expansión de sus complejos premium al Caribe, América Central y Oriente Medio
-
La alianza Repsol y El Corte Inglés alcanza las 778 tiendas Stop&Go, tras sumar 71 en 2025
Últimas noticias
-
Concentración projudía ante el Museo Reina Sofía por el trato xenófobo que dio a tres turistas de Israel
-
Madrid controla 9.000 jabalíes para frenar los accidentes de tráfico y daños en cultivos agrícolas
-
Los guardias civiles se sienten «vendidos» en la valla de Ceuta sin spray para repeler las agresiones
-
Hansi Flick no se fía del Real Madrid:»Era importante volver arriba, pero queda mucho»
-
La organización proetarra GKS reivindica el ataque al busto de Manuel Fraga en Villalba (Lugo)