Díaz a examen: semana intensa para el diálogo social tras la negociación fallida del SMI
Díaz convoca a los agentes sociales el día 16 para la negociación de los ERTE: «Siempre vamos al límite»
Otro fake del Gobierno: el salario mínimo sigue sin acuerdo pese a la promesa de Yolanda Díaz
El Gobierno y los agentes sociales encaran a partir del lunes una semana intensa para el diálogo social, en la que se abrirá la negociación para la prórroga de las ayudas a los ERTE, tras no haber logrado cerrar un pacto tripartito para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
La negativa de las organizaciones empresariales a suscribir una subida del SMI para 2021 ha imposibilitado un acuerdo tripartito, aunque tampoco está claro que los sindicatos vayan a firmar un alza inferior a 25 euros salvo que el pacto incluya el compromiso de incrementarlo en 2022 hasta los 1.000 euros.
El Gobierno podría optar por zanjar este asunto el martes, aprobando la subida de 2021 en el Consejo de Ministros sin acuerdo social o con el concurso únicamente de los sindicatos. Todo dependerá de la cifra elegida, si bien el Ministerio de Trabajo se ha mantenido desde el principio en la horquilla recomendada por la comisión de expertos, que supondría sumar entre 12 y 19 euros a los 950 euros brutos actuales.
Prórroga de los ERTE
Con la aprobación de la subida el martes se cerraría el tema del SMI antes de abrir otra negociación urgente, la de la prórroga de las ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que expiran el 30 de septiembre. A la reunión de los ERTE, convocada para el jueves, los sindicatos van con la idea de mantener el esquema vigente hasta entrado el mes de enero para que no caduque en plenas fiestas navideñas.
Las organizaciones patronales, por su parte, volverán a plantear que se revise la clausula de mantenimiento del empleo, dado que cada vez hay menos empresas en ERTE, pero muchas todavía siguen sujetas a restricciones administrativas. El Gobierno ha confirmado que las ayudas se prorrogarán, pero no ha avanzado si las condiciones serán las mismas.
«Vamos a trabajarlo con todos los datos que tenemos, siendo conscientes de que a día de hoy tenemos apenas 260.000 trabajadores en ERTE y una parte pequeña continua a tiempo completo», afirmaba esta semana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Asimismo, la Seguridad Social deberá negociar la continuidad de las ayudas extraordinarias a los autónomos que han cesado total o parcialmente su actividad y cuya prórroga se ha ido ligando a la de los ERTE.
Reforma laboral
Esta semana se retomará otra diálogo social, marcha desde antes de la pandemia, la del mercado laboral, con la que el Ejecutivo quiere revertir algunos aspectos de la reforma laboral de 2012, simplificar el sistema de contratación, limitar la subcontratación y poner en marcha un mecanismo de sostenibilidad de empleo. Dicho mecanismo está llamado a sustituir el esquema actual de ayudas a los ERTE y facilitará las reducciones de jornada a los trabajadores en caso de actividad limitada o impedida por causas ajenas a la voluntad empresarial.
La reforma laboral es uno de los hitos que el Gobierno tiene que completar antes de que acabe el año conforme al calendario comprometido con Bruselas como contrapartida a la recepción de los fondos para la recuperación.
Reforma de las pensiones
Entre las reformas pactadas con la UE está también la de pensiones, cuya segunda fase se inicia el lunes, tras el acuerdo alcanzado en julio para volver a ligar su revalorización a la evolución del IPC y para fomentar el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
Esta segunda parte incluirá el diseño de un mecanismo de equidad intergeneracional que amortigüe el impacto de la jubilación del «baby boom» (nacidos entre 1960 y 1975), el desarrollo del sistema de cotización por ingresos para los autónomos y el destope gradual de las cotizaciones a la Seguridad Social, entre otras cosas.
Aquí el acuerdo social se antoja más difícil, dado que los sindicatos no están por la labor de aplicar ajustes en las pensiones de los «baby boomers», mientras que la patronal es contraria a un aumento de las cotizaciones máximas.
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