Deloitte señala otra incertidumbre para OHL: su litigio contra Madrid por 203 millones

Deloitte señala otra incertidumbre para OHL que podría dañar de nuevo las cuentas de la constructora, que el jueves sufrió un hundimiento del 23% de su valor en bolsa tras anunciar que perdía 843 millones de euros en el primer semestre del año debido principalmente a la venta del negocio de Concesiones, quedando la acción en mínimos desde su salida a bolsa a principios del siglo XXI. La firma que audita la constructora de Juan Miguel Villar Mir advierte en un párrafo de énfasis añadido a sus cuentas semestrales que OHL se enfrenta a un riesgo por valor de 203 millones de euros, que la compañía cree que puede recuperar pero donde el auditor no las tiene todas consigo.

Esto no supone que la compañía tenga que provisionar ese dinero de momento, pero sí que la recuperación del mismo está en dudas dado que está en un proceso judicial, han señalado fuentes de la empresa. El litigio que señalan los auditores en su párrafo de énfasis no es otro que el proyecto de tren entre Móstoles y Navalcarnero, un fallido proyecto que ha causado muchos dolores de cabeza a OHL. Un litigio que viene desde el año 2016 y cuyo último episodio fue el recurso contencioso-administrativo presentado por la multinacional en marzo de este año contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de dicha autonomía, solicitando la liquidación económica del contrato al considerar resuelto este.

En las propias cuentas de la compañía, depositadas en la CNMV, se aclara que OHL no tiene que realizar provisión alguna por este proceso judicial, ya que la empresa considera que tiene derecho a «recuperar la inversión neta y las cantidades aportadas en forma de préstamo a la sociedad». La constructora propiedad del Grupo Villar Mir exige 370 millones de euros por este caso a la Comunidad de Madrid.

El proyecto de tren de Navalcarnero está en proceso de investigación en la Audiencia Nacional ante las dudas de que su adjudicación fuera irregular. Concretamente el juez Diego de Egea tiene sospechas de que en esta adjudicación OHL hubiera pagado una ‘mordida’ de 1,5 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid y ahora en libertad provisional, Ignacio González.