La familia Del Valle pierde el arbitraje de 700 millones en La Haya por la quiebra del Banco Popular

La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha dictado un laudo en el que da la razón al Reino de España frente a la familia mexicana Del Valle, que reclamaba una indemnización de 700 millones por el perjuicio sufrido en la quiebra del Banco Popular en 2017. Así lo aseguran fuentes conocedoras de la resolución, que añaden que estos inversores deberán abonar 8 millones en costas.

Del Valle tenía un 4% del Popular y fue el que provocó la rebelión en el consejo contra la gestión de Ángel Ron, que había llevado a la entidad a tener graves problemas de solvencia, que desembocaron en su sustitución por Emilio Saracho. Cuando se adoptó la resolución del Popular y su venta al Santander por 1 euro (más una ampliación de capital de 7.000 millones), sufrió una pérdida estimada inicialmente en 475 millones.

En vez de acudir a la vía civil o a la penal -la Audiencia Nacional está concluyendo la instrucción del caso y se espera que en breve abra juicio oral-, Antonio del Valle y un grupo de inversores mexicanos también accionistas del Popular optaron por la vía del arbitraje internacional invocando el incumplimiento del Tratado de respeto a la inversión bilateral entre España y México de 2006.

Del Valle se dirigía contra el Ministerio de Justicia, el Banco de España, la CNMV y el Frob, los organismos involucrados en la resolución del Popular, y alegaba que que «la resolución de Banco Popular fue erróneamente causada por múltiples actos y omisiones por parte de España antes, durante y después de la resolución, incumpliendo las múltiples garantías y protecciones establecidas en el Tratado y el derecho internacional aplicable».

Posteriormente, en 2021, este grupo de inversores elevó su reclamación a 700 millones para incluir los intereses, gastos del procedimiento, daños reputacionales y el impacto fiscal que tendría el cobro de la indemnización en caso de obtener un laudo favorable.

Según las fuentes consultadas, la Corte de Países Bajos no ha considerado fundadas estas alegaciones, sino que ha asumido la posición oficial española de que Del Valle era consciente del riesgo que asumía al entrar en Popular cuando ya estaba en un estado delicado de solvencia y que el proceso de resolución y traspaso de la entidad se hizo de forma adecuada y conforme a las normas españolas y europeas.

Precedente europeo

Esto último es lo que dictaminó también en 2022 el Tribunal General de la Unión Europea, que consideró que la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) fue ajustada a derecho y desestimó los recursos de varios accionistas que solicitaban la anulación de dicho acto.

A juicio de este tribunal, la amortización y conversión de los instrumentos de capital del Popular en la liquidación «no constituye una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho de propiedad de las partes demandantes», sino que es «una restricción justificada y proporcionada de su derecho de propiedad».