El Supremo pone bajo la lupa el pacto de Sánchez con el PNV para trocear la Seguridad Social

El Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite tres recursos contra las cesiones de competencias de la seguridad social al País Vasco impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. La decisión judicial abre un nuevo frente contra uno de los acuerdos clave del Ejecutivo con el PNV y coloca bajo sospecha un modelo que, según los recurrentes, pone en riesgo la caja única y la igualdad entre españoles.

La ofensiva judicial ha sido presentada por la asociación Impulso Ciudadano, que denuncia que las transferencias no son una simple reorganización administrativa, sino una «alteración profunda» del modelo constitucional de seguridad social. En concreto, el Supremo estudiará la legalidad de la cesión al País Vasco de la gestión de las prestaciones familiares no contributivas, de la protección por desempleo y del seguro escolar.

Las resoluciones de la sala del alto Tribunal, dictadas el pasado 4 de mayo, suponen un duro revés político para el Gobierno, que había convertido estas transferencias en uno de los pilares de sus pactos con el nacionalismo vasco. Desde Impulso Ciudadano sostienen que el Ejecutivo ha cedido «funciones estructurales» del sistema público de seguridad social, debilitando las competencias del Estado hasta un punto incompatible con la Constitución.

Riesgo para la caja única

Uno de los aspectos que más preocupación genera entre los recurrentes es el modelo financiero que acompaña a las transferencias. Según la documentación presentada ante el Supremo, el sistema basado en el cupo vasco puede provocar situaciones de sobrefinanciación y romper de facto el principio de caja única de la seguridad social.

En el caso de las prestaciones familiares, la asociación considera que el cálculo ligado al cupo beneficia económicamente al País Vasco. En el ámbito del desempleo, advierte de que aunque los pagos sigan canalizándose formalmente a través de la tesorería general de la seguridad social, el control efectivo sobre las decisiones quedaría en manos autonómicas. Y respecto al seguro escolar, alertan de que la cesión puede generar desigualdades territoriales entre estudiantes según la comunidad autónoma en la que residan.

Argumentan, además que las competencias que conserva el Estado tras estas cesiones son «insuficientes» para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de todos los beneficiarios del sistema público. A su juicio, el proceso abre la puerta a una fragmentación progresiva de la seguridad social, incompatible con los principios de unidad, solidaridad e igualdad recogidos en la Constitución.

El Supremo analizará la constitucionalidad

La asociación recurrente considera especialmente grave el contexto político en el que se han aprobado las medidas. En el comunicado remitido tras la admisión a trámite de los recursos, denuncia que la política de pactos entre el PSOE y el nacionalismo vasco está impulsando decisiones «que afectan directamente al funcionamiento del sistema de seguridad social».