KPMG alerta de que se penaliza el ahorro individual mientras fracasan los fondos públicos de pensiones

La reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno para fomentar el ahorro colectivo no está logrando los resultados esperados. Así lo refleja la IX edición del estudio Situación de las Pensiones en España, elaborado por KPMG Abogados, que constata la creciente preocupación de trabajadores y empresas por la jubilación y cuestiona la eficacia de algunas de las medidas adoptadas en los últimos años para impulsar la previsión social complementaria.

Uno de los principales cambios introducidos por el Ejecutivo fue reducir los incentivos al ahorro individual en planes de pensiones para tratar de trasladar ese ahorro hacia los planes de empleo promovidos por las empresas. Sin embargo, la apuesta no termina de despegar.

«Se penaliza el ahorro individual en busca del ahorro colectivo», explica Álvaro Granado, responsable del área fiscal de pensiones de KPMG Abogados. A su juicio, el objetivo del Gobierno era potenciar el segundo pilar del sistema, el ahorro empresarial, pero la realidad es que los instrumentos públicos creados para ello no han conseguido atraer a las compañías:

«Los fondos públicos de pensiones han sido un fracaso. Ninguna empresa ha metido ahí su dinero», afirma.

El estudio refleja precisamente que la implantación de sistemas de previsión social empresarial sigue siendo limitada. Del total de compañías analizadas, únicamente el 27,15% dispone de al menos un plan de jubilación para sus empleados.

Además, entre las empresas que no cuentan con mecanismos de ahorro para la jubilación ni sistemas de retribución flexible, el 50% reconoce desconocer las ventajas que tendría poner en marcha esta idea tan promocionada por el Gobierno.

El miedo a la jubilación aumenta

Asimismo, la preocupación por el futuro de las pensiones se ha convertido en una de las principales conclusiones del informe.

Según los datos recopilados por KPMG, el 77,6% de los trabajadores asegura sentirse preocupado o muy preocupado por su jubilación. En concreto, el 38,8% afirma estar «sumamente preocupado» y otro 38,8% reconoce que la cuestión le preocupa notablemente.

Esa inquietud se refleja también en las preferencias de los empleados. El plan de jubilación se ha convertido ya en uno de los beneficios sociales más valorados dentro de las empresas, situándose únicamente por detrás del seguro médico.

Granado considera que esta creciente preocupación está directamente relacionada con la percepción de que el peso de la pensión pública sobre los ingresos de los jubilados irá reduciéndose progresivamente durante los próximos años.

«Hay un rumor constante de que el sistema es insostenible a largo plazo y eso hace que se pidan cambios, porque el peso de la pensión pública en la jubilación se va a reducir de manera continuada», señala.

La situación se ve agravada, según el experto, por la escasa información que manejan muchos trabajadores sobre el propio funcionamiento del sistema. El informe concluye que más de la mitad de los encuestados sigue considerando que la información disponible sobre pensiones no es clara ni fácilmente accesible.

Más jubilados y menos trabajadores

El estudio dedica buena parte de su análisis a la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones. En este sentido, KPMG recuerda que España afronta un profundo cambio demográfico.

Actualmente, las personas mayores de 65 años representan el 20,72% de la población, pero las previsiones apuntan a que alcanzarán el 30,3% en 2050.

La consultora advierte de que el sistema español funciona bajo un modelo de reparto, en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones de los pensionistas actuales. Por ello, la evolución demográfica es uno de los factores determinantes para garantizar su viabilidad futura.

“A día de hoy el sistema es sostenible, pero a largo plazo ya lo veremos”, sostiene Granado. El experto apunta a una combinación de factores que amenazan el equilibrio financiero de la Seguridad Social: una población cada vez más envejecida, un menor número de trabajadores por pensionista, salarios más reducidos entre las nuevas generaciones y unas prestaciones que continúan revalorizándose.

Según explica, desde 2017 el gasto en pensiones ha experimentado una fuerte aceleración y el sistema necesita recurrir cada vez con más frecuencia a aportaciones extraordinarias para mantener el equilibrio de las cuentas.

En este contexto, considera difícil que España pueda evitar nuevas reformas en los próximos años. De hecho, señala que una de las pocas medidas que actualmente contribuye a aliviar la presión financiera es el retraso voluntario de la jubilación.

La propia conclusión del informe apunta en esa dirección al advertir de que, aunque el sistema público de pensiones continúa ofreciendo una elevada tasa de sustitución de rentas, “su viabilidad futura está estructuralmente comprometida”.