CSIF alerta del desmantelamiento en Cataluña: el cese masivo del personal amenaza con colapsar los juzgados

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) acusa al Departament de Justícia de poner en riesgo el funcionamiento de la Administración de Justicia en Cataluña con una decisión que considera arbitraria, injustificada y de consecuencias devastadoras: el cese masivo del personal interino con mayor experiencia tras los procesos de estabilización.

Tras la mesa de negociación celebrada el pasado 2 de julio, CSIF denuncia que la Administración ha optado por aplicar de forma rígida y retroactiva los criterios derivados de la Ley 20/2021, ignorando las advertencias jurídicas del sindicato y cerrando la puerta a cualquier negociación.

Para CSIF, esta decisión supone «dinamitar» el funcionamiento de los juzgados al prescindir precisamente de los profesionales que durante años han garantizado la continuidad del servicio público.

Unos juzgados vacíos de experiencia

CSIF alerta de que la medida no solo afecta al empleo de cientos de trabajadores, sino que elimina de golpe el principal activo de la Administración de Justicia: la experiencia acumulada.

Los funcionarios afectados atesoran años —e incluso décadas— de conocimiento en la tramitación de procedimientos, el manejo de aplicaciones procesales, la organización interna de los órganos judiciales y la resolución diaria de incidencias. Su sustitución inmediata por personal sin esa experiencia generará un vacío operativo de enormes dimensiones.

El sindicato advierte de consecuencias inmediatas como la pérdida irreparable del conocimiento especializado que sostiene el funcionamiento
diario de los juzgados. También el incremento de los retrasos en procedimientos judiciales, ejecuciones, sentencias y atención a la ciudadanía.

Además, CSIF denuncia la paralización de la transmisión de conocimientos al impedir durante seis meses el nombramiento de los trabajadores cesados en el mismo centro, haciendo imposible cualquier relevo ordenado.

«El Departament no está sustituyendo trabajadores; está expulsando de los juzgados a quienes conocen cómo funciona realmente la Justicia. Está destruyendo décadas de experiencia y condenando a los órganos judiciales a un caos organizativo cuyas consecuencias sufrirán miles de ciudadanos», denuncia CSIF.

Una interpretación ilegal de la Ley 20/2021 CSIF recuerda que la propia Disposición Transitoria Segunda de la Ley 20/2021 establece que las medidas previstas en su artículo 1 solo son aplicables al personal temporal nombrado con posterioridad a la entrada en vigor de la norma.

Normas contrarias a la ley

Sin embargo, el Departament pretende extender esos efectos al personal nombrado con anterioridad, una interpretación que el sindicato considera contraria a la ley y generadora de una grave inseguridad jurídica.

Por si fuera poco, CSIF denuncia que el Departament de Justícia se niega a publicar oficialmente los criterios que pretende aplicar, evitando así dotar de transparencia a una decisión que afectará a centenares de trabajadores. Para el sindicato, esta actitud constituye «un ejercicio de cobardía institucional y una absoluta dejación de responsabilidades»,  impropio de una Administración pública.

CSIF acudirá a los tribunales Ante esta situación, CSIF anuncia la presentación masiva de recursos administrativos y judiciales para defender los derechos del personal afectado y frenar una actuación que considera ilegal y lesiva tanto para los trabajadores como para el conjunto de la ciudadanía.

«El servicio público de Justicia no puede construirse expulsando a quienes lo sostienen cada día. El Departament está desmantelando el capital humano de los juzgados y será responsable del colapso que esta decisión provocará. CSIF utilizará todas las vías legales para impedirlo», concluye el sindicato.