Credit Suisse carga contra el autogolpe de Maduro y no aceptará bonos venezolanos como garantía
El banco suizo Credit Suisse ha prohibido expresamente a sus empleados que negocien o acepten como garantía bonos vinculados al Gobierno venezolano o a la petrolera estatal del país (PDVSA), debido a la «actual situación» de crisis generada por el autogolpe de Estado que ha dado Nicolás Maduro para blindarse y mantenerse en el poder.
Según han confirmado a la agencia EFE fuentes de la entidad financiera los títulos venezolanos con los que «está expresamente prohibido negociar o aceptar como garantía en cualquier transacción financiera» son los bonos emitidos por «cualquier entidad» venezolana después del 1 de junio de 2017, unos activos de renta fija con un interés del 6 % que salieron al mercado en 2014 por parte de PDVSA y que vencen en 2022, así como un bono soberano al 6,5 % con vencimiento en 2036.
Credit Suisse indica que ha tomado esta decisión «a la vista del clima político y los recientes eventos en Venezuela y las medidas tomadas por el actual Gobierno» de Nicolás Maduro. «Queremos asegurarnos de que Credit Suisse no provea los instrumentos a nadie para violar los derechos humanos de los venezolanos», añaden las fuentes consultadas.
«Desde una perspectiva reputacional, Credit Suisse no quiere verse implicado en ninguna transacción o acción que pueda ser percibida como una facilitación al actual régimen venezolano para que continúe violando los derechos humanos de los venezolanos».
La ONU ha denunciado esta semana que las fuerzas de seguridad venezolanas han maltratado de forma «sistemática y generalizada» a miles de manifestantes y han detenido de forma arbitraria al menos a 5.000 personas, muchas de las cuales sufrieron «torturas» durante su arresto o reclusión.
Además, en las olas de protestas antigubernamentales han fallecido 124 personas, 73 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos afines.
Credit Suisse toma además esta medida poco después de la criticada compra por parte de Goldman Sachs de bonos de PDVSA por valor de 2.800 millones de dólares y cuando el Departamento del Tesoro de EEUU ha impuesto sanciones al propio Maduro y a una treintena de funcionarios de su Gobierno, además de al hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, Adán Chávez.
EEUU y varios países de América Latina, así como la Unión Europea (UE) no reconocen la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro por dudas sobre su legitimidad y, en el caso de algunas naciones latinoamericanas reunidas esta semana en Lima, por considerar que se ha instalado en Venezuela una «dictadura» al llevarse adelante un «quiebre democrático».
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