El coste de la remunicipalización: empleo precario, sueldos bajos y peor calidad del servicio

La ofensiva ideológica que están realizando varios ayuntamientos españoles para eliminar las concesiones a empresas privadas en la gestión de los servicios públicos tiene un coste que los votantes desconocen. Un retorno a la gestión pública de servicios como la limpieza, el transporte o el tratamiento de aguas (el proceso que ahora de denomina remunicipalización) provocará la pérdida de puestos de trabajo, la precarización de los empleados que mantengan sus puestos y una peor calidad del servicio (o bien una subida de las tarifas).

Esta es la conclusión que subyace en el informe que ha publicado el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) en formato de libro cono el título Remunicipalición: ¿ciudades sin futuro?. El organismo está adscrito a la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos y está liderado por el doctor en derecho, Ramón Tamames. La obra ha sido presentada este miércoles en Madrid.

Tamames ha recordado que la Ley de Bases de Régimen Local establece que a la hora de elegir que tipo de gestión se realiza de los servicios públicos “hay que elegir la opción más eficiente”, medido en términos de respeto por la estabilidad presupuestaria y por el equilibrio financiero.

“Se ha demostrado que la gestión privada de los servicios públicos por licitación ofrece mayores ventajas: menos burocracia, más innovación, mejores precios. En definitiva, eficacia y eficiencia… ¿Por qué hay ayuntamientos que quieren ponerse a administrar lo que funciona bien y abandonar la gestión de servicios más prioritarios?”, ha indicado el profesor.

En este contexto, “las posiciones dogmáticas de algunos partidos agrupados en torno a las marcas blancas de Podemos están elevando los presupuestos de determinados ayuntamientos de forma innecesaria, dejando otras partidas importantes sin cubrir, que a veces afectan a servicios sociales. Y todo por ajustes en la gestión de unas estructuras concesionales que funcionan bien y que no hay por qué cambiar”.

En la presentación también ha participado el ex ministro de trabajo socialista, Valeriano Gómez, que ha puesto el acento en la “dificultad de subrogar los contratos en los procesos de remunicipalización”, que provoca que al quitar la concesión a las empresas privadas los trabajadores no puedan engrosar las plantillas de los ayuntamientos manteniendo sus contratos.

A este respecto el ex ministro –autor de uno de los capítulos del libro– ha citado el caso de los polideportivos de Madrid, cuyos trabajadores se irán a la calle por la decisión del Ayuntamiento de remunicipalizar el servicio.

Otro de los autores que ha dado su visión sobre este proceso ha sido Lorenzo Dávila, economista y abogado, que ha indicado que, si salen adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 “no podrán mantenerse ni las retribuciones ni los demás beneficios laborales” de los actuales empleados de servicios públicos de gestión privada. “Los puestos se precarizarán”, ha apostillado.

La referencia a los PGE se produce por la disposición incluida en el proyecto de Ley que busca la contención del déficit de las administraciones públicas evitando en que las cuentas de los ayuntamientos puedan verse desbordadas por la asunción de nuevas nóminas.

Por lo tanto, y al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora, los trabajadores subrogados de empresas remunicipalizadas empezarán a computar como tasa de reposición impidiendo la incorporación a la administración de trabajadores de servicios actualmente externalizados a empresas privadas.

Finalmente, Ramiro Aurín, ingeniero y consultor en gobernanza del agua, ha puesto de manifiesto que el modelo de gestión pública de los servicios urbanos parte de un planteamiento arcaico.

“La remunicipalización no mira al futuro, sino al pasado. El papel de los Ayuntamientos no debería ser gestionar directamente los servicios públicos, sino innovar en la gestión municipal y plantear mecanismos de control de los servicios prestados a los ciudadanos. Los ayuntamientos democráticos han sido los principales integradores de toda la ciudadanía alrededor del proyecto común. Ahora algunos vuelven a plantear la ciudad de las barricadas y los enfrentamientos”, ha señalado

El libro se hace eco también de las opiniones de otro de sus coautores, Jesús Sánchez Lambás, jurista y vicepresidente de la Fundación Ortega-Marañón, quien explica que ”políticas supuestamente progresistas resultan perjudiciales para el interés general, un concepto que en la actualidad se traduce en eficiencia y sostenibilidad. A la hora de gestionar los servicios públicos debemos primar que las cosas se hagan bien, que las haga quien tenga más capacidad y a costes más reducidos, siendo idóneo un entorno de competencia”.

La edición de este libro es la primera de las acciones de la Asociación para la Excelencia de los Servicios Públicos, que se presentó el pasado mes de abril en Valladolid y cuyo objetivo es velar por la calidad de los servicios públicos ciudadanos.

Desde el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), organismo adscrito a la entidad, se realizará un seguimiento exhaustivo de prestaciones públicas como el agua, los residuos, electricidad y gas, transporte público y gestión de parques y jardines, entre otros, asegurando que se ofrecen con la máxima eficiencia y calidad, así como realizando recomendaciones de mejora.