El coste de la corrupción del caso ERE: más de 200 euros por cada familia andaluza

Los andaluces han pagado de su bolsillo la corrupción que se ha producido en la Junta que presidía el PSOE andaluz. La Junta de Andalucía calcula que el dinero investigado por la corrupción durante la etapa del PSOE de Andalucía ronda los 5.000 millones de euros, una cifra que equivale a la mitad del Presupuesto de sanidad de un año, 11.056 millones de euros.

Para poner en contexto cuál es la importancia de esta cuantía solo hay que tener en cuenta que Andalucía se gasta en Educación en torno a 6.000 millones de euros anuales.

Sólo en el caso ERE, según las cifras que maneja la Fiscalía Anticorrupción, se habrían defraudado supuestamente 680 millones de euros, lo que implica que es uno de los mayores casos de corrupción que se ha producido en la historia de España.

El coste de esta trama de corrupción habría costado, por lo tanto, 212 euros de media a cada hogar andaluz (hay 3,2 millones de familias en la comunidad que presidieron los expresidentes del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante años).

El fondo de reptiles, la partida presupuestaria de los ERE ascendió a 854 millones de euros. El coste de esta partida por cada andaluz habría sido de más de 100 euros de media.

El caso ERE, una trama de corrupción que ahora se juzga en piezas separadas y que cuenta con unos 300 imputados, supuso un antes y un después en la política andaluza, ya que provocó un relevo en la Junta de Andalucía tras décadas de gobiernos socialistas durante la democracia. Ahora Gobierno el PP con Ciudadanos, con la abstención de VOX.

Creación de una oficina antifraude

Ante los casos de corrupción durante la etapa socialista que se están investigando, el Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno ha iniciado la tramitación del anteproyecto de ley para crear una oficina antifraude que luche contra la corrupción y proteja a los denunciantes de estos casos, una entidad que dependerá del Parlamento y no de la Consejería de Administración Pública como quería Susana Díaz cuando gobernaba.

En principio, la norma que regulará la oficina anticorrupción será de aplicación al sector público y prevé sanciones que oscilan entre los 300 y los 100.000 euros y ofrecerá respaldo a los denunciantes de los casos de corrupción para que no tengan represalias.