Las constructoras no cotizadas solicitan que la revisión de precios del Gobierno llegue a todas las obras

La asociación nacional de constructoras no cotizadas (ANCI), ha celebrado esta mañana su Asamblea anual, en el año en que la asociación cumple su 25 aniversario. Durante la misma, se ha constatado que el momento inflacionario que estamos viviendo y su impacto en la construcción están poniendo en riesgo el potencial del sector para dinamizar la economía y ser catalizador de la recuperación. Se calcula que siete de cada diez euros provenientes del Plan de Recuperación estarán relacionados con el
sector, por lo que deben ponerse los medios necesarios para no comprometer la ejecución del mismo y, con ello, la senda de la recuperación.

El desorbitado y vertiginoso incremento de los precios de las materias
primas y la energía, agravado tras la invasión de Ucrania, ha supuesto un
incremento de los costes de construcción.

Tal y como ha destacado la presidenta de ANCI, Concha Santos, las medidas excepcionales en materia de revisión de precios introducidas por los dos Reales Decretos impulsados por el Gobierno, “suponen un bálsamo para
ciertas obras, sobre todo las de mayor duración”, pero “muchas otras obras no pueden acogerse a estas medidas a pesar del impacto económico sufrido”. Y ello está suponiendo un grave problema tanto en obras en ejecución, en obras adjudicadas y no iniciadas -en las que los precios ofertados hayan quedado obsoletos-, y en aquellas que se licitan con precios anticuados y que se quedan desiertas. “No se puede construir por debajo de coste.

Por eso es necesario seguir trabajando para que las medidas de reequilibrio alcancen a todo tipo de obras, independientemente de su tipología, presupuesto o administración contratante, evitando comprometer la ejecución de muchos proyectos que suponen actividad y empleo, e incluso la ejecución de los fondos NGEU cuya finalidad es la rápida reactivación de la economía”.

El incremento de costes de la obra también se está viendo afectado, ha
apuntado Santos, por el aumento de los costes laborales que han de asumir
las empresas, mientras que, sin embargo, no existe la posibilidad de revisar el coste de la mano de obra en los contratos públicos.