Las comunidades autónomas desafían al Gobierno: prolongan unilateralmente los plazos de los ERTE

Las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas complican de nuevo la aplicación de los decretos del Gobierno. Los Ejecutivos regionales desafían a Sánchez y se desmarcan de los compromisos de la ministra de trabajo, Yolanda Díaz.

Las regiones están ampliando sus plazos administrativos para contestar a las solicitudes masivas de Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES) presentadas desde que el Consejo de Ministros publicó, el pasado 18 de marzo, el decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la crisis sanitaria del coronavirus. La Generalitat valenciana que dirige el socialista Ximo Puig ha sido la primera en elevar de 5 a 10 días el máximo legal permitido para admitir o denegar los ERTES.

Entre los mecanismos aprobados se encontraban las «medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos», donde el Gobierno modificó los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas y de producción.

Tras el impacto de dicha decisión en las comunidades autónomas, algunas de ellas, como la valenciana, con un número de solicitudes de Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES) que superan ya los 30.000, y «que han desbordado totalmente la capacidad» de su Autoridad Laboral y de los medios personales y materiales disponibles «para garantizar el cumplimiento de los plazos administrativos de resolución y notificación de los citados expedientes».

La Generalitat valenciana ha justificado su decisión en que la potestad en esta materia es territorial y no corresponde al Gobierno central. Pese a que los socialistas valencianos propusieron «al Secretario Autonómico de Empleo la habilitación de más medios personales y materiales» para que la Autoridad Laboral cumpliese «con el despacho adecuado y en plazo» de los miles de ERTES registrados hasta la fecha. La realidad es que dichos medios no han sido suficientes para atender el ingente número de solicitudes registradas en la Comunidad Valenciana gobernada por el PSOE.

La Generalitat ha reconocido que su incapacidad para gestionar el volumen de solicitudes formuladas sumada a «las dificultades técnicas que se han encontrado en el acceso a la documentación y aplicaciones informáticas necesarias» para tramitarlas, le hace imposible «garantizar el cumplimiento del plazo de 5 días, desde la presentación de las solicitudes, para emitir y notificar las oportunas resoluciones», tal y como dispone el decreto del Gobierno. Por ello, ha acordado «la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de estos procedimientos a 10 días». Si bien, «en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido».

Colapso judicial 

Pese a que la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, afirmó en su primera comparecencia que se iban a revisar uno a uno todos los expedientes de regulación de empleo y que las empresas que no hubiesen cumplimentado correctamente la documentación para solicitarlos tendrían que «devolver hasta el último céntimo de euro, incluida la prestación del trabajador», son las autoridades laborales de las comunidades autónomas las que incumplen las directrices de Díaz.

Una situación que está provocando el rechazo masivo -estereotipado y sin motivar- de las solicitudes de ERTES por parte de las Autoridades Laborales autonómicas. Y, como consecuencia, el registro masivo de demandas ante los juzgados de lo social por parte de los empresarios. Un escenario que los jueces alertan llevará al «colapso» a los ya de por sí sobrecargados tribunales, tras la crisis. «Los ERTES del Gobierno sentenciarán a pena de muerte al mercado laboral», concluyen.