Competencia mantiene bajo vigilancia a 39 empresas de gestión de residuos sancionadas en 2015

En enero de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció sanciones contra varias empresas del sector de recogida de residuos por “prácticas anticompetitivas”. El expediente denuncia que dichas empresas actuaron con el objetivo de «restringir la competencia en los mercados de productos ligados a las actividades de gestión de residuos y saneamiento urbano».

La Audiencia Nacional suspendió de forma cautelar en junio de 2015 el pago de la multa, que ascendía hasta los casi 100 millones de euros entre todas las empresas implicadas, pero no se ha pronunciado sobre el resto del expediente y las conductas que allí se sancionaban. Por tanto, «la vigilancia sigue en marcha», según informan desde la CNMC.

El expediente hace referencia a la gestión de residuos en su conjunto, gestión de residuos industriales, recuperación de papel y cartón y saneamiento urbano, lo cual incluye la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y la limpieza de vías y aguas.

La aplicación de las sanciones habría supuesto un varapalo económico difícil de afrontar para muchas de las compañías. De no ser por la decisión de la Audiencia Nacional, varias de las empresas habrían tenido que hacer frente a multas muy elevadas para su tamaño, por lo que presumiblemente habrían tenido que recurrir a concursos de acreedores.

Competencia denuncia en el expediente que entre las empresas involucradas “hubo múltiples contactos bilaterales, desarrollados en ámbitos geográficos y temporales distintos, todos ellos referidos a clientes, condiciones contractuales y precios ofertados, así como a acuerdos y pactos de no agresión entre las empresas implicadas en los contactos”.

Así, la CNMC sostiene que aunque la Audiencia Nacional haya dejado sin efecto las sanciones económicas, no pone en duda los hechos expuestos, por lo que lo que se denuncia en el expediente sigue teniendo vigencia. Es decir, las compañías implicadas siguen aún bajo el ojo vigilante de Competencia por las prácticas denunciadas en junio del pasado año.