Los comercios advierten: las temperaturas que impondrá Sánchez pueden hundir sus ventas en un otoño negro

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 01/08/2022 06:46
  • Actualizado: 01/08/2022 08:48

La intención del Gobierno de Pedro Sánchez de obligar a los comercios a poner el aire acondicionado por encima de 27 grados y la calefacción por debajo de 19 ha sembrado el pánico en el sector. En especial, los centros comerciales temen que estas temperaturas provoquen una fuerte caída de la afluencia y las ventas ante un otoño que se presenta mucho peor que el verano.

«Con 27 grados la gente se asa en verano y con 19 se hiela en invierno. Uno de los atractivos de los centros comerciales es la climatización, poder ir a pasar el día a un sitio donde se está a una temperatura agradable para huir del calor o del frío. Si no podemos ofrecer eso, la gente no vendrá», explica una fuente del sector.

Y esta medida llega precisamente cuando el comercio se prepara para una fuerte contracción este otoño tras un verano que se va a salvar gracias a las vacaciones y al ahorro de la población durante la pandemia (y, aun así, hay grandes temores a que no sea tan bueno como se esperaba).

En todo caso, lo que el sector tiene claro es que, a partir de septiembre, llegará una nueva crisis provocada por la inflación y retroalimentada precisamente por el miedo de la población a una crisis energética y a una recesión. En el primer caso, ese miedo se ve incrementado por las medidas de ahorro que el Ejecutivo aprobará este lunes en Consejo de Ministros.

Dudas sobre la legalidad de la imposición

Por otro lado, el comercio y numerosos expertos legales tienen serias dudas sobre la legalidad de obligar a comercios y empresas privadas (y más aún a los hogares) a mantener una cierta temperatura, ya que se están vulnerando derechos individuales. Algo que, como sabemos bien, sólo es factible con un estado de alarma -e incluso éste puede ser insuficiente para limitar derechos fundamentales, como ha sentenciado el Tribunal Constitucional-.

Más allá de esta dudosa legalidad, esta imposición sólo será eficaz si hay algún tipo de vigilancia sobre su cumplimiento y sanciones para quien se la salte. «¿Van a poner a la Policía a vigilar a qué temperatura está el aire acondicionado, como la pusieron a vigilar quién se saltaba el confinamiento o quién no llevaba mascarilla?», se pregunta otra fuente del sector. «Parece muy fuerte», añade.

Fuentes del sector energético consideran que estas medidas pueden tener cierta eficacia en cuanto a ahorro si todo el mundo las aplica, lo que obligaría a vigilar y sancionar como se ha dicho. Pero consideran que pecan de cortoplacismo -se pueden aplicar de un día para otro- y que lo que debería hacer el Gobierno es un plan de medio-largo plazo que incluya medidas con mucha más eficacia como el aislamiento térmico de viviendas y locales o la sustitución de las calefacciones centrales de fueloil.

Por último, añaden que este plan improvisado de Sánchez llega en un momento en que el consumo de energía ya está cayendo de forma clara, en los hogares y sobre todo en la industria, debido al elevadísimo precio de la electricidad y los carburantes.