Colombia deja de pagar a Gas Natural las facturas de los colegios, hospitales y el alumbrado público

El Gobierno de Colombia es directamente responsable de la mala situación financiera que atraviesa la filial de Gas Natural Fenosa en el país, Electricaribe, debido a los impagos de las facturas eléctricas de servicios públicos como las del alumbrado de las calles, los colegios, los hospitales, las residencias de ancianos, las comisarías de policía y las infraestructuras. Si el Ejecutivo abonara el importe que tiene pendiente la empresa podría eliminar la deuda que le atenaza e, incluso, lograr músculo financiero para realizar nuevas inversiones.

En concreto, el sector público colombiano debe más de 44 millones de euros (en moneda local) a Electricaribe, controlada por el grupo energético español. La deuda total de esta filial asciende a 32,5 millones de euros (en moneda local), por lo que si Colombia pagara las facturas pendientes la compañía tendría 11,5 millones de euros extra en la caja en un momento en el que atraviesa una delicada situación financiera.

La lista de morosos ha sido publicada en algunos medios de comunicación colombianos y ha sido avanzada por Cronica Global, que apunta a la posibilidad de que haya sido filtrada por la compañía para defenderse de la amenaza de expropiación. El Gobierno ha obligado a Electricaribe a invertir 630 millones de euros (en moneda local) para garantizar el suministro, un desembolso que, según las fuentes del sector consultadas por OKDIARIO, supondría la quiebra de la compañía que ya pasa por una delicada situación financiera.

De hecho, un documento interno la empresa admite que “a pesar de que ha invertido los recursos disponibles, sostenido la prestación del servicio y cumplido con las obligaciones adquiridas, la falta de liquidez limita las inversiones necesarias para brindar un servicio de mejor calidad y para actuar de manera más rápida y eficiente”, tal como publica el diario colombiano Portafolio. La empresa apunta que, junto con la morosidad de los clientes, el otro gran problema es el robo de energía por acometidas ilegales, una lacra contra la cual no están luchando las autoridades locales.

Fuentes del sector explican que Gas Natural Fenosa está dialogando con el Gobierno colombiano para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes en este conflicto, aunque el equipo jurídico de la compañía ha preparado una demanda para defender sus intereses. El grupo que preside Salvador Gabarró reitera que está comprometida con el desarrollo de Colombia y niega las acusaciones del Ejecutivo que lidera Juan Manuel Santos, que afirma que la compañía es responsable de la falta de mantenimiento de las infraestructuras que está provocando los apagones y mala calidad del suministro eléctrico.

El equipo jurídico de Gas Natural Fenosa considera que la legislación y las tarifas aplicadas por el Gobierno son las causas que de verdad explican que haya empeorado el servicio eléctrico prestado por su filial. Es decir que las deudas y pérdidas acumuladas por la empresa son responsabilidad directa del Ejecutivo colombiano.

El ex ministro de Minas y actual director de la Federación Nacional del Departamento de Colombia, Amylkar Acosta confirma que la demanda está en marcha y que es “una respuesta a la exigencia del presidente Santos de que capitalizara Electricaribe”. En la actualidad la filial aporta 258 millones de euros anuales al resultado bruto de explotación (Ebitda) de Gas Natural Fenosa, por lo que una expropiación tendría un notable impacto en las cuentas del grupo.