La CNMC alerta: el rescate europeo no va a compensar la inversión que se ha perdido en la crisis

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 05/10/2020 13:49
  • Actualizado: 05/10/2020 14:04

La CNMC, el organismo encargado de velar por la competencia, ha lanzado una advertencia clara al Gobierno este lunes: el fondo de recuperación europeo de los famosos 140.000 millones destinados a España «solo va a compensar en parte la reducción de la inversión privada pero no va a ser suficiente para recuperar la que se ha perdido en crisis».

Así lo ha asegurado la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, en un foro organizado por el Consejo General de Economistas. Y ha mandado otro mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez: «Estas ayudas suponen una gran oportunidad para que España afronte las reformas necesarias para mejorar la competitividad de nuestra economía y nuestras empresas».

Este mensaje enlaza con el temor de buena parte de la ciudadanía a que estos fondos europeos se despilfarren en subvenciones y gastos improductivos en vez de aprovechar la ocasión para avanzar en las reformas estructurales que necesita España, según todos los organismos internacionales, y a las que se opone Podemos. Además, tiene más fuerza puesto que Fernández fue nombrada presidenta de la CNMC a propuesta del propio Ejecutivo de coalición.

En este sentido, ha advertido también de que «se nos avecinan tiempos difíciles, hay muchas compañías con falta de liquidez, que van a acabar en preconcurso o incluso en concurso de acreedores». De ahí que comprenda la necesidad de ayudas públicas a las empresas en crisis pero ha insistido en la necesidad de que no creen distorsiones de la competencia entre países. «Estaremos muy vigilantes y mantendremos una cooperación estrecha con las autoridades de los demás países europeos».

A favor de las fusiones bancarias

Precisamente, respecto a la crisis provocada por la gestión de la pandemia, la CNMC ha recibido 700 denuncias en el buzón que puso en marcha para reclamaciones en el estado de alarma. Estas quejas se refieren a abusos relacionados con material sanitario, distribución de alimentos, el sistema financiero, los seguros de decesos y los servicios funerarios. Fernández se ha referido expresamente a varias entidades que vinculaban concesiones de créditos ICO a la contratación de otros productos como seguros o alarmas.

Siguiendo con el sector financiero, la presidenta del regulador no ha querido pronunciarse sobre la fusión CaixaBank-Bankia. Se ha limitado a decir que «garantizaremos que hay una estructura competitiva en el sistema financiero, no que lleve a subidas de precios y a una reducción de los servicios a los consumidores». También ha admitido que «necesitamos empresas financieras muy competitivas, porque se avecina la competencia de plataformas digitales», si bien considera que «los requisitos de solvencia no distorsionan la competencia porque se aplican por igual a todas las entidades». Una de las grandes quejas de la banca es que no se exijan los mismos requisitos.

Desmiente a Industria sobre la ley de Alcoa

Cani Fernández también ha desmentido al Ministerio de Industria al negar que la CNMC haya aprobado un informe sobre el Estatuto del consumidor electrointensivo, la norma que podía haber frenado el cierre de la planta de aluminio de Alcoa en Lugo y que Sánchez renunció a tramitar por Real-Decreto ley.

Como informó OKDIARIO, la CNMC «analizó una versión previa que no es la que se está tramitando ahora», que, por tanto, no cuenta todavía con el preceptivo informe del regulador de competencia al tratarse de ayudas de Estado. Un informe que dilatará más la aprobación de la norma -que también pasará por Consejo de Estado, donde se retrasará más todavía-, de forma que llegará mucho más tarde de lo necesario para evitar el cierre de Alcoa. Tras esta inacción, el Gobierno pretende ahora expropiar la planta de San Cibrao para venderla a su vez al conglomerado Liberty House, con quien Alcoa no ha llegado a un acuerdo de venta, tal como reconoció el jueves la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Fernández ha matizado que, en el análisis del primer borrador, se detectaron algunas medidas que se recomendó que se revisaran, como ayuda de Estado, como la extensión de los pagos por capacidad, que se ha eliminado del nuevo texto. Por el contrario, consideras que la compensación de los costes financieros por apoyo a las renovables o el fondo de garantías para contratar a largo plazo son adecuadas de acuerdo con la normativa comunitaria.

Finalmente, ha lamentado no contar con unas normas claras para evitar que empresas extranjeras puedan comprar compañías europeas, ya que la Comisión está elaborando un libro blanco sobre este tema. De momento, su criterio es que el comprador no puede estar subvencionado ni participado por su Gobierno.