El CEO de Azucarera incumple su promesa: no renovará los contratos de remolacha y el campo teme despidos

Una de las promesas del nuevo CEO de Azucarera en España, Pablo Puerta, que fue elegido en febrero, no se estaría cumpliendo. El motivo es que el nuevo CEO, al tomar el control de la compañía, reafirmó «el compromiso de la empresa con la remolacha». No obstante, desde la asociación agrícola Asaja se ha denunciado que Azucarera le ha comunicado la decisión de no renovar los contratos de remolacha para la campaña 2026/2027 con diversos agricultores de la comunidad de Castilla y León, donde se encuentra asentada esta factoría.

Esta medida, adoptada por el grupo British Sugar, propietaria de Azucarera en España, se ha producido por primera vez en la historia de este cultivo y coincide con el primer año de contratación tras el cierre de las fábricas de Miranda de Ebro (Burgos) y La Bañeza (León).

En consecuencia, desde Asaja de Castilla y León se ha solicitado el amparo del presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante la decisión de la empresa AB Azucarera, ya que se «temen despidos en el campo».

Como denuncian los agricultores, se trata de una decisión «unilateral» que impide a los productores cumplir con las normas de la Política Agraria Común (PAC), como la diversificación y rotación de cultivos, además de suponer un incumplimiento de los programas agroambientales firmados en 2023.

Por otro lado, Asaja también lamenta que la Consejería de Agricultura no se haya manifestado al respecto, a pesar de que la compañía ha informado de su decisión y de que la organización ya cursó una queja formal semanas atrás.

Según la organización, la empresa argumenta de forma verbal que los afectados presentan un historial de bajos rendimientos que no cubrirían los costes de producción con los precios actuales, situados en el entorno de los 36 euros por tonelada. A este respecto, la asociación ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe los contratos si no se cubren los costes del primer eslabón.

Sin embargo, ha precisado que la mayoría de los cultivadores, incluso con rendimientos altos, dependen de las subvenciones de la PAC para obtener beneficios. Asimismo, ha responsabilizado a la propia industria de los bajos rendimientos debido al modelo de «contrato compartido», donde el remolachero actuaba como un «mero trabajador» bajo asesoramiento técnico de la empresa.

Por todo ello, la organización espera un «gesto contundente e inmediato» de la Administración autonómica en defensa de los productores, apelando al compromiso adquirido hace un año de evitar perjuicios tras el cierre de las citadas factorías.

Finalmente, Asaja ha reclamado igualdad de trato para todos los agricultores de la región y ha exigido a Azucarera una política de precios en sintonía con su competencia, así como inversiones para limitar las campañas a un periodo máximo de noventa días.