Cabo Cortés, el proyecto más megalómano de la historia de la banca española, se cierra sin condenas

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 20/01/2021 04:51
  • Actualizado: 20/01/2021 17:37

La cúspide de la locura inmobiliaria que invadió a la banca y que acabó en la mayor crisis financiera de la historia no estuvo en España, sino en México: se llamó Cabo Cortés y fue un proyecto megalómano de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que acabó en enormes pérdidas que tuvimos que pagar los contribuyentes. Y sus responsables fueron absueltos por la Audiencia Nacional este martes con el argumento de que la función de un director general no es decidir las operaciones de una entidad.

La historia no tiene desperdicio: megalomanía, pelotazo inmobiliario, corrupción, atentado ecológico, quiebra, juicio y la citada absolución. Corría el año 2007 y España se le había quedado pequeña a la caja que más estaba apostando por el ladrillo de sol y playa, la alicantina CAM. La entidad que posteriormente el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez definiría como «lo peor de lo peor». No le quedaba más remedio que crecer en el extranjero para mantener el inverosímil crecimiento del beneficio del 20% anual. Entonces, una inmobiliaria local, Hansa Urbana, propuso a su director general, Roberto López Abad, construir un nuevo Cancún en la costa del Pacífico de Baja California.

Las cifras eran mareantes: 38 millones de metros cuadrados (como dos provincias españolas), 8.000 viviendas, nueve hoteles con 27.000 habitaciones, aeropuerto, puerto deportivo de 490 amarres, dos campos de golf y una desaladora para obtener agua potable del océano. Y todo ello, en un parque natural protegido. Se planteó una inversión inicial de 200 millones que alcanzaría los 700 en las sucesivas ampliaciones previstas del proyecto. Y, como era habitual en la burbuja, la CAM no solo financió el proyecto, sino que participó en él como socio al 50% con Hansa. Así se maximizaba el beneficio… o la pérdida si la cosa salía mal. Pero nadie pensaba que eso pudiera ocurrir.

Se trataba de crear un nuevo destino turístico internacional que compitiera con la Riviera Maya. La zona, llamada realmente Cabo Pulmo, ofrecía enormes posibilidades. Situado en la costa interior de Baja California, en el llamado Mar de Cortés que separa esta península del resto de México (de ahí que los promotores decidieran rebautizarlo como Cabo Cortés, un nombre muy poco afortunado para los mexicanos), se trata de un paraíso de aguas turquesa, playas vírgenes de fina arena blanca y el único arrecife de Coral vivo de Norteamérica, con tortugas, ballenas, tiburones y mantas gigantes. el sueño de los submarinistas.

Un «nuevo conquistador» en guerra con los ecologistas

Sólo tenía el pequeño problema de que era un parque nacional protegido. Pero la CAM pensó que no había nada que no se pudiera arreglar pagando ‘mordidas’; recordemos que la Comunidad Valenciana era un hervidero de casos de corrupción en aquella época y que en Andalucía teníamos el ejemplo flagrante del hotel Algarrobico en el Parque Natural del Cabo de Gata.

Este atentado mediambiental puso en pie de guerra a los ecologistas, que montaron manifestaciones y protestas en México, e incluso en Alicante. A ellas se sumaban los ofendidos por los «nuevos conquistadores», que osaban llamarse Cortés. Tan fea se puso la cosa que la CAM contrató a todos los habitantes del único pueblo de pescadores de la zona como vigilantes de los terrenos para evitar una invasión de ecologistas como la que había sufrido el periodista Pedro J. Ramírez en la piscina de su chalet de Mallorca.

En julio de 2011, la burbuja inmobiliaria española ya había estallado y los sucesivos planes del Gobierno de Zapatero y del Banco de España no eran más que aspirinas para el cáncer que se llevaría por delante a la mitad del sistema financiero. En ese momento, el proyecto de Cabo Cortés tuvo que afrontar los primeros vencimientos de deuda sin haber recibido aún las autorizaciones para empezar a construir. Ante la crítica situación de Hansa Urbana, hubo que refinanciar.

La CAM accedió a quedarse como dación en pago con la mayoría de la empresa conjunta, cuyo principal activo eran los inmensos terrenos. Y lo hizo a un precio a todas luces sobrevalorado: 443 millones, tras una tasación realizada por Tinsa (en aquel entonces las tasadoras ponían el valor que había que poner).

Dación en pago, intervención y subasta de la CAM

Esa operación es la que denunciaron la Fiscalía Anticorrupción y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ante la Audiencia Nacional, y fue realizada por la sucesora de López Abad en la dirección general, María Dolores Amorós. Como se ha dicho, se ha saldado con la absolución de Amorós, así como de los exdirectivos de la CAM Daniel Gil y Vicente Sánchez, y del propietario de Hansa, Rafael Galea.

Ese mismo mes de julio de 2011, el Banco de España intervino la entidad alicantina ante su evidente insolvencia por culpa de cientos de inversiones financiadas y participadas en el ladrillo tan ruinosas como Cabo Cortés. En diciembre, la entidad fue subastada tras una inyección de 5.400 millones del FGD para recapitalizarla -de ahí que se querellara contra los directivos de CAM-, y Banco Sabadell ganó la puja al presentar la única oferta. Pagó un euro y además recibió una garantía contra pérdidas futuras (lo que se llamó Esquema de Protección de Activos, EPA), de hasta 16.000 millones en 10 años. Este EPA cubría las posibles pérdidas de la exposición inmobiliaria de la alicantina, incluyendo las de Cabo Cortés. Aunque esta cobertura corría a cargo del FGD, si este no tiene dinero suficiente lo debe poner el erario público, y por eso Bruselas lo considera ayuda de Estado.

El banco catalán descubrió la barbaridad que había heredado en México cuando detectó que la CAM tenía más de 200 empleados en ese país: los ‘guardeses de la finca’. Su presidente, Josep Oliu, intentó salvar parte de la enorme inversión negociando con el nuevo presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, un nuevo proyecto más racional y respetuoso con el medio ambiente, que eliminaba los dos elementos proyectados en el mar: el puerto y la desaladora. Pero tampoco fue aprobado. Así que finalmente Sabadell vendió el terreno en 2014 a un consorcio formado por el inversor estadounidense Glorious Earth Group y los chinos Beijing Sansong International Trade Group y China State Construction Engineering Corporation, que plantearon un nuevo proyecto llamado Cabo Dorado (esta vez sin reminiscencias colonialistas). Tampoco fue aceptado y el proyecto fue abandonado definitivamente en 2014.

Nunca llegó a trascender el precio de la transacción, pero se rumoreó que Sabadell prácticamente lo regaló con tal de librarse del ‘marrón’. En definitiva, el 80% de la pérdida estaba cubierto por el EPA, y la CAM ya había dotado suficientes provisiones antes de quebrar para cubrir el resto.

La historia judicial interminable

Con esa venta y con a absolución de ayer acaba  la historia del proyecto más megalómano de la historia de la banca española. Los antiguos responsables de la CAM no han dejado de pasear por los juzgados en los últimos años. López Abad ha sido condenado ya dos veces: a dos años y medio por la Audiencia de Alicante por las dietas indebidas que cobró el último presidente de la caja, Modesto Crespo, y a otros dos años por otro proyecto inmobiliario en el Caribe de la mano de dos empresarios de Benidorm (el llamado caso Valfensal). Ambas sentencias están recurridas ante el Supremo.

López Abad fue absuelto, junto a  Juan Ramón Avilés (presidente de la comisión de control de la caja) en otro juicio por la creación de TIP, la inmobiliaria de la CAM, con el único fin de pagar sobresueldos a sus consejeros. También fue absuelto por el Supremo después de haber sido condenado por la Audiencia Nacional por falsear las cuentas de 2010 y 2011. Amorós no tuvo tanta suerte, aunque su pena fue rebajada a un año y medio de cárcel.