Cabify anuncia una querella contra Podemos por «difamar» sobre su negocio

El manager de Cabify en España, Mariano Silveyra, ha afirmado durante el evento ‘Sharing Madrid’ celebrado este miércoles en Madrid que la empresa está trabajando en una querella contra aquellos partidos políticos que están «difamando» sobre su marca.

En este sentido, Silveyra ha asegurado que Cabify tiene una «ética intachable» y ha condenado el «trato privilegiado» al sector del taxi, ya que las VTC también son un servicio público.

En concreto, desde Cabify estiman que la competencia desleal está produciéndose en su perjuicio, ya que en comparación con los taxis, los VTC no gozan ni de carriles específicos, ni de beneficios fiscales o impositivos de ningún tipo.

«Cabify siempre ha pagado todos sus impuestos en España»

Desde la empresa han estimado que tienen muchas trabas para competir y tachan de hipocresía que se quiera perjudicar a una compañía innovadora fundada en España y que «paga y siempre ha pagado todos sus impuestos en España».

En cuanto a las acusaciones relativas a las condiciones laborales, desde Cabify aseguran que están trabajando con los partners para implantar un «manual de buenas prácticas» y se están buscando alternativas de convenios laborales mejores a los actuales.

Además, Silveyra ha afirmado que los empleados que prestan servicios para empresas que trabajan para Cabify están regulados por el mismo convenio que los taxistas, si bien trabajan «mucho más contentos».

Finalmente, ha anunciado que según los datos que manejan, los taxistas no han perdido nada de facturación, por lo estima que algunas reclamaciones pueden estar motivadas por aquellos que especulan con las licencias.

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No incumplen la ley

Uno de los argumentos más esgrimidos por el sector del taxi contra empresas de transporte terrestre como Uber o Cabify es que existen más licencias de VTC de las que permite la ley; es decir, una por cada 30 taxis. No obstante, esto no es cierto ya que la normativa no dice que no se pueda exceder dicha ratio, sino que no se concederán cuando se supere dicha proporción.

El problema viene de lejos, concretamente de 2009, cuando José Luis Rodríguez Zapatero decidió eliminar la ratio y liberalizó el sector del transporte. En realidad, el conflicto no surge ahí, sino años después, cuando en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy intervino y recuperó nuevamente la proporción de 1/30, lo que generó un vacío legal con las licencias otorgadas entre 2009 y 2015.

La irretroactividad de nuestro ordenamiento jurídico establece la imposibilidad de extender los efectos derivados de una ley a las relaciones jurídicas existentes antes de su entrada en vigor. Es decir, que no se puede proceder a la retirada de las licencias VTC concedidas a partir de 2009 aunque se supere la ratio.

De hecho, el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, tampoco establece que la proporción deba ser inferior a una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi, sino que cuando sea superior no podrán concederse más, tal como ahora sucede.