Bruselas insta a España a limitar el gasto corriente y las ayudas por la subida de la energía

La Comisión Europea insta a España a limitar el crecimiento del gasto corriente, teniendo en cuenta las obligaciones que ha contraído para apoyar temporalmente a los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y de las personas que ha acogido procedentes de Ucrania después de la guerra desatada por Rusia tras la invasión. «España debería estar preparada para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación económica», indican las autoridades europeas en el informe sobre los presupuestos del Estado para 2023, que sólo concitan un aprobado raspado.

La Comisión vuelve a manifestar su disconformidad con las previsiones macroeconómicas realizadas por el Gobierno español, en términos de crecimiento y de inflación, que considera demasiado favorables y poco coherentes con la marcha de la coyuntura en el resto de los países de la Unión. «El proyecto de Plan Presupuestario proyecta una expansión del PIB notablemente mayor en 2023, del 2,1%, es decir, más de un punto por encima de las proyecciones de la Comisión, como resultado principalmente de una mayor contribución del consumo privado y la inversión», apunta el dictamen de Bruselas.

Por otra parte, el informe en que las estimaciones españoles sobre el deflactor del consumo privado que se aplica sobre las cuentas públicas -y que puede ser considerado equivalente a la inflación- aumentará un 7,7 % y un 4,1 % en 2022 y 2023, respectivamente, mientras que los cálculos de la Comisión proyectan niveles superiores en ambos años (8,5% y 4,8%, respectivamente). Finalmente, en el mercado laboral, el proyecto de presupuestos de la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montoro, prevé una fuerte caída de la tasa de desempleo en 2023, mientras que las previsiones de la Comisión estiman que se mantendrá estable.

El dictamen insiste igualmente en que las ayudas a los ciudadanos para compensarles de los costes del aumento de los precios de la energía vayan destinados exclusivamente a los sectores más vulnerables. «Si bien España desplegó medidas energéticas como parte de la respuesta política de emergencia a los aumentos excepcionales de los precios de la energía, una prolongación de las medidas de apoyo existentes y/o la promulgación de nuevas medidas de apoyo en respuesta a los altos precios de la energía contribuiría a un mayor crecimiento en el gasto corriente neto financiado nacionalmente y a un aumento del déficit y la deuda pública previstos en 2023. Por lo tanto, es importante que los Estados miembros centren mejor dichas medidas en los hogares más vulnerables y las empresas expuestas, para preservar los incentivos a fin de reducir la demanda de energía y retirarlas a medida que presionen los precios de las fuentes de suministro», concluye el informe.