Bruselas concluye que España ha dado más de 1.100 millones en ayudas ilegales a Correos

La Comisión Europea considera a España culpable por un delito de concesión de  ayudas ilegales concedidas a la empresa pública Correos y Telégrafos, tras la investigación llevada a cabo en los últimos meses. La Dirección General de la Competencia ha incoado el expediente previo al procedimiento sancionador, tras tras las denuncias presentadas por las competidoras de Correos en mensajería y paquetería agrupadas en torno a la patronal UNO.

El documento enviado al Gobierno español, al que ha tenido acceso OKDIARIO, es demoledor, ya que apunta la existencia de ayudas ilegales que superan los 1.100 millones de euros entregadas por el Gobierno español mediante subvenciones directas irregulares para la prestación del servicio postal universal, exenciones de impuestos que atentan contra la normativa europea, ampliaciones de capital ilegales y aportaciones a las pensiones de los funcionarios de Correos que suponen ayudas de estado ilegales.

En concreto, Bruselas considera que “las compensaciones por la prestación del servicio postal universal otorgadas a Correos en virtud de la Ley Postal (…) superan considerablemente el coste neto del servicio, incluido un beneficio razonable” y “conceden una ventaja a Correos” frente a sus competidores.

Además, la Dirección General de la Competencia comunitaria cuestiona la legalidad de las “exenciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)” por “beneficiar a Correos frente a otras empresas”, mediante la reducción artificial de sus costes con ayudas ilegales. Bruselas considera estas exenciones como “ventajas selectivas” que atentan contra la normativa europea.

A todo ello, se añade la existencia de tres ampliaciones de capital realizadas en los años 2004, 2005 y 2006 para, según el Gobierno español, “compensar la desaceleración del mercado postal”. Bruselas también considera que existen indicios suficientes que apuntan a la concesión de una ayuda ilegal tras haber investigado la cuestión.

Por último, “la exención del pago de cotizaciones al régimen de pensiones de los funcionarios de Correos permite a la empresa pública beneficiarse de la ayuda estatal. Lo que es también irregular y motivo de sanción. Otro aspecto que está bajo sospecha es la distribución de material electoral de las elecciones generales, autonómicas y municipales celebradas en España desde 2004.

Bruselas pide a España que presente alegaciones

La Comisión Europea ha dado al Gobierno de España un mes de plazo para que presente alegaciones antes de presentar el expediente sancionador. Las fuentes del sector consultadas por OKDIARIO apuntan que los argumentos de Bruselas son lo suficientemente sólidos para que se reclame la devolución de las ayudas ilegales concedidas. De hecho, en el documento enviado por Bruselas se especifica que “toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario”.

Por lo tanto, Bruselas respalda las informaciones publicadas por OKDIARIO que apuntaban a que existen pruebas que constatan que Correos ha utilizado el dinero que recibía del Gobierno para realizar el servicio público universal para competir de forma desleal en el mercado postal, así como en el de mensajería y paquetería.

La empresa está segregada en tres divisiones: la sociedad estatal Correos y Telégrafos, que es la encargada del servicio postal universal; Correos Express, que es la responsable de los envíos de paquetería; y Correos Telecom, que es la unidad encargada de la expansión en materia de comercio electrónico.

Más de 2.700 millones de euros desde 2001

El dinero público lo recibe la primera de ellas, Correos y Telégrafos, por realizar el servicio postal universal, es decir, por asegurar la calidad del servicio en todo el territorio nacional con independencia de la rentabilidad económica del negocio.

Desde el año 2001 hasta la fecha, los contribuyentes han inyectado más de 2.700 millones de euros, una cantidad que los aporta el Estado vía presupuestos sin que exista una estimación real del coste de este servicio universal. Bruselas dice que las cantidades otorgadas de forma ilegal rondan los 1.100 millones de euros.

Según las investigaciones actuales, Correos podría estar vendiendo por debajo del coste (dumping) gracias a las ayudas ilegales, realizando subvenciones cruzadas y ofreciendo descuentos irregulares a grandes clientes, tanto en paquetería como en servicios postales.

Las empresas del sector, agrupadas en la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO), tienen el “compromiso firme” de acabar con estas prácticas ilegales, por lo que han sido los primeros en denunciar el caso ante las autoridades europeas, según ha explicado a OKDIARIO su secretario general, Francisco Aranda. La patronal conoce bien lo que está ocurriendo, ya que Correos Express es una de las empresas que la integran.