Bruselas avisa a Pedro Sánchez de que deberá volver a una senda de austeridad cuando sea posible

La Comisión Europea avisa al Gobierno de Pedro Sánchez que no puede dejarse llevar por el despilfarro del gasto público, pese a que tiene previsto lanzar nuevas medidas como el ingreso mínimo vital en las próximas semanas y pese a que no ha renunciado a ninguna de sus apuestas previas a la crisis del coronavirus. Sólo hay que observar que su gabinete sigue contando con 23 ministros, a pesar de que Mariano Rajoy tuvo 13 en su segundo mandato, 10 menos.

Bruselas ha solicitado este miércoles a España, en el marco de sus recomendaciones específicas de política económica a los países, que adopte «todas las medidas necesarias» para apoyar la economía y la recuperación posterior a la pandemia en 2020 y 2021, entre las que se encuentran las acciones para proteger el empleo, garantizar liquidez a pymes y autónomos y movilizar inversión pública y privada.

No obstante, lanza una clara advertencia que debe interpretarse como una llamada al orden, si se sabe leer el lenguaje burocrático interno dentro de la UE: «Cuando lo permitan las condiciones económicas, las políticas fiscales deberían perseguir lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y asegurar la sostenibilidad de la deuda, mientras se fomenta la inversión».

Se trata de la línea general para el conjunto de los países de la UE que recomienda Bruselas, que ve justificado que de momento se mantengan en todo el bloque las políticas expansivas, de aumento de gasto o rebajas fiscales, por la pandemia. En el caso de España las rebajas fiscales han brillado por su ausencia en el caso de las comunidades autónomas pero sí que se están comprometiendo grandes cantidades de gasto público por parte del Gobierno central con su apuesta por los subsidios.

Bruselas pide en concreto a España que apoye el empleo con medidas para evitar despidos, incentivos al empleo y el desarrollo de competencias profesionales, así como «reforzar la protección por desempleo, sobre todo para los trabajadores atípicos». En ningún caso pide iniciativas como prohibir los despidos como hizo Yolanda Díaz durante la crisis, una de las condiciones de los ERTE que tras la intervención de la CEOE se ha relajado.

España debería además «mejorar la cobertura» y adecuar «sus esquemas de ingresos mínimos y apoyo familiar», así como el acceso a la educación digital, explican las autoridades comunitarias. Por otro lado, Bruselas reclama también reforzar la «resiliencia y capacidad» del sistema sanitario.

La Comisión recomienda, por otra parte, que el Gobierno «garantice la implementación efectiva de medidas para proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresa y los autónomos, evitando los retrasos en los pagos». Por ahora, muchos autónomos y pymes se están quejando de dos cuestiones: los ERTE no terminan de pagarse a los empleados y, además, las líneas ICO no terminan de llegar a la economía real.

Asimismo, alienta a «adelantar inversiones públicas maduras» y promover la inversión privada para impulsar la recuperación, centrando estas inversiones en las transiciones digital y ecológica. El Gobierno, sin embargo, ha sacrificado la inversión en España en su primer año completo en La Moncloa, según muestran los datos de ejecución presupuestaria. Las inversiones reales del Estado cayeron un 6,8% en 2019 por lo que será complicado elevar esta partida en 2020 y 2021 con el escaso margen fiscal que existe. A esto se suma que la inversión privada también será reticente cuando el Gobierno está amenazando a las grandes compañías y contribuyentes de que les va a subir los impuestos sensiblemente.

Bruselas ha suspendido temporalmente las normas de disciplina fiscal comunitarias para permitir a los países que acometan el gasto necesario contra el coronavirus, por lo que no evaluará el cumplimiento de las metas fiscales ni abrirá expedientes por exceso de déficit o deuda en este momento. Eso sí, no leerá la cartilla pero la Comisión ha realizado los exámenes sobre la situación de todos los países de la UE dado que se prevé que la gran mayoría de los Veintisiete supere el umbral de déficit del 3% del PIB previsto en las normas. No hay duda de que, en el caso de que se creen medidas de apoyo para la financiación de los estados, la Comisión Europea y los socios que aporten el dinero exigirán a cambio que haya control en las cuentas públicas y que no haya despilfarro, una vigilancia que siempre se ha dado en el pasado.

Según Bruselas, está previsto que el déficit suba al 10,3 % del PIB este año, un exceso muy por encima del límite que «es excepcional pero no temporal», a lo que suma que España «no hizo suficiente progreso» en la reducción de su deuda pública en 2019, que se situó en ese ejercicio en el 95,5 % del PIB, muy por encima del umbral del 60 % que marca el Tratado.

Por último, la Comisión publicó el último informe de supervisión del rescate a la banca española, que concluye que «la resiliencia de la economía española y su sector financiero, así como el perfil de su deuda, reducen las vulnerabilidades que emanan de la pandemia de coronavirus». Si bien el impacto del virus sobre el sector bancario no puede ser evaluado todavía, la resiliencia construida durante los últimos años ayudará a preservar su estabilidad, afirma. Es decir, que para la Comisión Europea los bancos españoles han hecho los deberes pero el Gobierno, no.