El bono social es insuficiente: los beneficiarios redujeron un 10% su consumo eléctrico en pleno invierno

Pensionistas, familias numerosas, hogares con bajos ingresos… Los descuentos en la factura de los que se benefician los perceptores del bono social eléctrico parecen no ser suficientes para estos consumidores vulnerables, que pese a las medidas fiscales y la excepción ibérica siguen pagando un 18% más que sus homólogos europeos. Para poder reducir sus recibos, los beneficiarios del bono social se han visto obligados a reducir hasta en un 10% su consumo de luz en el último año.

El bono social es una prestación destinada a proteger a los consumidores vulnerables, consistente en aplicar un descuento -del 25% para los consumidores vulnerables y un 40% para los vulnerables severos- en el precio de la electricidad consumida en su vivienda habitual. Al calor de los récords históricos de la luz, el Ejecutivo socialista puso en marcha una serie de medidas para frenar la espiral alcista de la electricidad.

A principios de marzo, el presidente del Gobierno anunció la prórroga de las medidas adoptadas el pasado año, entre la que se encontraba el aumento de los descuentos del bono social, del 60% para los colectivos vulnerables y del 70% para los vulnerables severos, junto a otras medidas fiscales con el objetivo de abaratar la factura de la luz y amortiguar el encarecimiento de la energía causado por la guerra de Ucrania. Y es que los consumidores que más han sufrido la subida de la luz son aquellos que se encuentran en el mercado regulado o PVPC, condición sine qua non para percibir estos descuentos.

Sin embargo, estas rebajas en la factura no parecen ser suficientes para los consumidores, que se han visto obligados a reducir el consumo de luz ante la escalada de los precios del pool. Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los beneficiarios del bono social han reducido su consumo medio entre mayo de 2021 y abril de este año un 9,7%, hasta los 2.745 kWh/cliente. Una reducción del consumo que tiene como objetivo abaratar la factura final.

Y es que, pese a las medidas anteriormente citadas, a las que también se suma el conocido como el tope al gas, España cerró 2022 como el octavo país con la electricidad más cara de la UE, según los datos recién publicados por Eurostat, por detrás de Dinamarca, Bélgica, Irlanda, República Checa, Italia, Rumania y Alemania, y, por tanto, un 18% más cara que la media de sus homólogos europeos. De media, las familias españolas —con un consumo de entre 2.500 y 5.000 kilovatios hora (KWh) anuales: el hogar promedio ronda los 3.500— pagaron 33,5 céntimos por KWh en la segunda mitad del año pasado, ese 18% más que la media europea, que pagó 28,3 céntimos por KWh.