BBVA tiene que subir 2.000 millones la OPA sobre Sabadell para igualar las condiciones de hace un año

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 09/05/2025 06:45
  • Actualizado: 09/05/2025 06:45

La mejora del precio de la OPA sobre el Banco Sabadell en 1.000 millones que ha ofrecido el BBVA al Gobierno, adelantada por OKDIARIO, se queda muy corta; el banco que preside Carlos Torres tiene que subir aproximadamente el doble, unos 2.000 millones, simplemente para igualar las condiciones iniciales de la oferta cuando se anunció hace un año. Oferta que fue rechazada entonces por insuficiente.

Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación, que hacen el siguiente cálculo: cuando se anunció la primera propuesta amistosa de fusión a finales de abril, a los accionistas del Sabadell les correspondía un 16,18% del capital del BBVA; ahora, con los pagos de dividendos que ha hecho el banco catalán y descontando las acciones que se van a recomprar, este porcentaje se ha reducido al 13,97%.

Por tanto, el BBVA tendría que mejorar su oferta, de forma que a los accionistas del Sabadell les vuelva a corresponder ese 16,18%, simplemente para volver a situar el precio donde estaba inicialmente. Eso supone una subida del 13,65% del precio, mientras que la mejora de 1.000 millones que ha ofrecido al Gobierno supone menos del 8% respecto a la valoración actual del Sabadell según la ecuación de canje con el BBVA: 13.606 millones al cierre del jueves (650 millones menos de lo que vale el Sabadell en solitario).

Por tanto, la subida necesaria para volver a la situación inicial sería de en torno al doble de la ofrecida, es decir, algo menos de 2.000 millones. Y, aun así, seguiría siendo insuficiente para el consejo del Sabadell, como dijo hace un año. Entonces, rechazó la propuesta amistosa del BBVA por considerar que no reflejaba el valor real del banco que preside Josep Oliu, ante lo cual Torres decidió lanzar la OPA hostil.

En consecuencia, para que la oferta otorgue al Sabadell un valor que considere justo su consejo, la subida de precio tendría que ser aún mayor que esos 2.000 millones.

Además, está la cuestión de si esa subida de precio se materializará simplemente mediante una mejora de la ecuación de canje, es decir, si seguirá siendo una oferta 100% en acciones, o si se hará en efectivo. Como es sabido, las ofertas que pagan en cash (al menos en parte) son mucho más atractivas para los inversores que  las que se hacen con canje de papelitos.

Evitar condiciones

Como informó este medio, la propuesta del BBVA pretende que el Gobierno no imponga unas condiciones demasiado duras tras la consulta pública que ha puesto en marcha sobre la operación. Una consulta que llega después de que la CNMC (la autoridad de Competencia) se limitara a aceptar los compromisos ofrecidos por la entidad sin imponerle condiciones adicionales.

Esta resolución de la CNMC fue muy bien recibida por el BBVA, como es lógico, pero no así por los socios catalanes de Sánchez, en especial Junts. De ahí la exigencia de imponer condiciones adicionales por parte de Carles Puigdemont. Y para justificarlas ante los organismos europeos (Comisión y BCE) y ante los inversores internacionales, Sánchez se ha sacado de la manga la consulta citada.

Ése es el temor del BBVA y lo que ha motivado esta propuesta de una mejora del precio de la oferta antes de que el Gobierno tome su decisión. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene hasta el 27 de mayo para decidir si eleva la oferta al Consejo de Ministros, cosa que se da por supuesto que hará. Después, el Gobierno tendrá un mes -aunque puede parar el reloj- para tomar su decisión definitiva sobre las condiciones que impondrá al BBVA.

En principio, éstas deben basarse en criterios diferentes de la defensa de la Competencia, ya que ésa es la justificación de la resolución de la CNMC. Los criterios más probables para justificar unas condiciones adicionales son «la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional» o la «garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial».