La bajada en carburantes del Gobierno sólo servirá para reducir en medio punto el IPC 

La bajada en 20 céntimos el precio del carburante aprobada este miércoles por el Gobierno sólo servirá para reducir en medio punto el IPC, según estima Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. La inflación ha alcanzado en marzo el 9,8%, máximo de 37 años. Funcas eleva este impacto potencial hasta el punto porcentual si se incluyen otras medidas que están aún por definir, como la rebaja del recibo de la luz.

Según Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, el paquete de medidas «no ha sido atrevido porque no ha habido una bajada de impuestos por la presión de la parte dura del Gobierno que representa Podemos». Además, adelantó que seguramente las medidas anunciadas se tendrán que prorrogar por la delicada situación económica actual, que viene, en parte, de despropósitos del pasado.

«La política que se ha llevado a cabo desde el inicio de la pandemia ha sido contraproducente. Mientras que otros países europeos bajaron impuestos, aquí no se bajaron y se hizo una política expansiva en el gasto y todos lo hemos pagado en déficit», sostiene. De aquellos polvos, estos lodos.

El terreno fiscal, pues, será clave si el Gobierno quiere reconducir esta situación extrema. Juan José Fernández-Figares, analista de Link Securities, cree que la receta debe ser empezar por reducir los impuestos a la energía y a los carburantes. «Las subidas de precios de estos productos esenciales conllevan un fuerte incremento de la recaudación impositiva. Creo que hay mucho margen para bajar esos impuestos», opina.

Un parche para un problema gigante

Pero, en cualquier caso, no cabe esperar que el problema de los altos precios de la energía, que tiene una base estructural, se vaya a solucionar con las medidas anunciadas, que son «más bien un parche», zanja Fernández-Figares. Y pone sobre el tapete otra derivada del desaguisado que tiene delante de sí Sánchez: «El mayor reto al que se enfrenta el Gobierno en estos momentos es el de la futura ​revalorización de las pensiones, que al volver a indexarlas al IPC van a suponer un importante agujero para las arcas públicas».

Funcas prevé que el gasto en pensiones este año crecerá un 6,2%, hasta 154.000 millones de euros,  desde los 145.000 millones que estima para 2021, e irá en aumento en 2023, para cuando pronostica que alcanzará los 166.000 millones, es decir, un 14,4% más que el año pasado. Un jarro de agua helada para las cuentas del Gobierno.

De momento, prima la inacción del Ejecutivo pese a la acuciante tesitura que viven los hogares españoles. «No se ha implementado ninguna medida, son intenciones y habrá que ver el efecto. En principio, lo que más impacto positivo puede tener sería el tope de los precios del gas para su traslado a la factura eléctrica», indica Mario Lafuente, socio director de atl Capital.

«En este caso, son medidas poco populares porque la mayoría de los elementos en los que más incremento de precios estamos viendo, como materias primas agrícolas y energéticas, dependen de los mercados internacionales. Lo que está en nuestras manos es contener los salarios por parte de los trabajadores y que las empresas asuman parte del incremento de los costes sin trasladarlo a precios finales», argumenta.