Las autopistas radiales R-3 y R-5 seguirán abiertas y las concesionadas continuarán explotándolas

El juez de lo Mercantil número 6 de Madrid ha dejado sin efecto el cese de la explotación de las autopistas radiales R-3 y R-5, un tramo de la M-50 y la circunvalación a Alicante que, de momento, quedan en manos de sus concesionarias y no del Ministerio de Fomento.

No obstante, habrá que esperar cerca de dos meses para conocer el auto que aprobará el plan de liquidación de estas concesionarias y en el que se fijará una nueva fecha de cese y fin de actividad, que Fomento podrá aceptar o no en caso de no coincidir con su propuesta, que pasa por lograr prórroga -hasta julio de 2017- para asumirlas.

El Ministerio de Fomento se había comprometido a asumir la explotación de estas autopistas pero había solicitado un plazo de 9 meses para que la transición se hiciese de forma ordenada y no este sábado, tal y como se recogía en una resolución judicial del pasado mayo.

Por lo tanto, el juez ha acordado fijar una nueva fecha de cese en la actividad y entrega al Estado de las autopistas que se determinará en el próximo auto y en el que se aprobará el plan, oyendo a todas las partes afectadas, incluidos los representantes de los trabajadores, según han explicado fuentes judiciales.

En los autos de hoy, el juez deja sin efecto el cese en la explotación de las autopistas R-3 y R-5 y un tramo de treinta kilómetros de la M-50 (accesos de Madrid), así como la circunvalación a Alicante (Ciralsa). También la puesta a disposición de Fomento -el 1 de octubre- de las obras objeto de concesión y demás elementos e instalaciones señaladas en los contratos de concesión.

El juez entiende que retrasar el cese de la actividad de estas concesionarias va a generar daños a los acreedores (especialmente a los bancos que financiaron las obras), y daños en las garantías que tienen los bancos (especialmente la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, RPA).

Reconoce además que siguen siendo los bancos quienes soportan el esfuerzo de la continuidad de la explotación de estas carreteras en beneficio del Estado, que cada vez debe menos.

No obstante, es consciente de que el Estado no se ha comprometido a asumir las obras mañana, que el cese en la conservación, vigilancia y seguridad de las vías exigiría su cierre, y que éste afectaría a centenares de miles de ciudadanos ya que estas carreteras comunican decenas de municipios, permiten el acceso a colegios, hospitales y demás centros públicos esenciales.

Además, destaca que aplazar el cese de estas autopistas viene acompañado ahora de un compromiso de Fomento por asumir las obras y obligaciones nacidas de la concesión lo que presenta «indudables ventajas económicas y concursales» respecto a la resolución o ineficacia sobrevenida de los contratos unidos a la concesión.

Tras esta decisión, el juez ha abierto un plazo de 15 días para que tanto los deudores, como acreedores formulen sus observaciones o propuestas.

La patronal de grandes constructoras Seopan calculaba que abordar una liquidación de todas las autopistas de peaje en quiebra (RPA y costes judiciales) tendría un coste superior a 8.000 millones.