Economía
Cristóbal Gallego

La asociación del nuevo consejero de Podemos en Enagás apoyó la expropiación de Bolivia a Iberdrola

El Observatorio Crítico de la energía, asociación a la que pertenece el nuevo consejero de Enagás afín a Podemos, Cristóbal Gallego, apoyó en 2012 la expropiación de las cuatro filiales de Iberdrola por parte del Gobierno de Bolivia, liderado en ese momento por Evo Morales. Gallego empezará a formar parte del consejo de Enagás en cuanto sea ratificado por la Junta de Accionistas de la gasista, que se celebrará a finales de junio. En ese momento, el profesor ha anunciado que dejará el Observatorio.

El sábado 29 de diciembre de 2012, el presidente boliviano decretó la expropiación de las acciones de la española Iberdrola en dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz -‘Electropaz’-, y en Oruro – ‘Elfeo’-, además de la empresa de servicios Edeser y la gestora de inversiones Compañía Administradora de Empresas. El argumento que utilizó fue poder equiparar el precio de la electricidad en las zonas rurales y en las ciudades, alteración de la que acusaba a la eléctrica que preside Ignacio Galán.

«Hemos hablado con la empresa, hemos dialogado con la empresa, que se rebaje a todos, que asuma su responsabilidad social como empresa, son españoles. Cuatro meses de negociación sin resultado», dijo Morales. «Y cómo no han querido buscar esta equidad, igualdad en el consumo de energía eléctrica, obligados hemos tenido que nacionalizar estas empresas», agregó el gobernante. En 2015, abonó 34 millones a Iberdrola por la expropiación.

Observatorio

Dos días más tarde de la expropiación, el Observatorio Crítico de la energía publicó un escrito con su opinión sobre la decisión de Morales. Titulado ‘Bolivia nacionaliza cuatro filiales de Iberdrola: ¿hemos sido agraviados?’, la asociación a la que pertenece Cristóbal Gallego aseguró que Morales había actuado correctamente.

«¿Es legítima la decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar las empresas de distribución que aplican tales tarifas?», se preguntaba el Observatorio en el artículo firmado por Iván Calvo el 31 de diciembre. «Nosotros creemos que sí», contestaba.

«Evo Morales es un presidente democráticamente elegido, que debe defender los intereses de sus ciudadanos, de los de las zonas urbanas y de los de las zonas rurales. Especialmente en Bolivia el desarrollo de las zonas rurales debería ser una prioridad y el acceso a la electricidad a un precio razonable parece una condición indispensable para alcanzarlo. Si las empresas eléctricas de distribución no garantizan algo tan básico, creemos que el Gobierno (¡es decir, los ciudadanos, en tanto que es democrático!) está legitimado para tomar el control de dichas empresas y aplicar las medidas políticas y fiscales adecuadas para homogeneizar las tarifas. De los propios políticos que han tomado esta decisión y del control democrático que los bolivianos ejerzan sobre ellos dependerá el éxito de la acción», decía el Observatorio.

Además, el artículo recordaba que «los principales accionistas de Iberdrola, el anterior propietario de aquellas, son la constructora ACS, el Estado de Qatar, Kutxabank y el Banco Financiero y de Ahorros, cuya entidad financiera filial tiene por nombre Bankia».

Por último, el Observatorio añadía lo siguiente: «Nos parece cuestionable que nuestro Gobierno invariablemente tenga que defender a estas empresas. ¿No debería depender su actitud protectora, al menos, del carácter legítimo o ilegítimo de la nacionalización?».

Junto a su apoyo a las nacionalizaciones que llevó a cabo Morales en Bolivia -también a Red Eléctrica- el Observatorio firmó en 2018 junto a Podemos un manifiesto en contra del gas, como ha publicado este diario este jueves. ‘Gas no es la solución’ criticaba la apuesta por este tipo de energía con campañas de empresas como Enagás, de la que ahora va a formar parte Gallego.

Aportan valor contra el virus

Enagás, que va a ampliar un 11% el salario de su consejo para dar entrada a Gallego y a los ex ministros socialistas José Blanco y José Montilla, ha justificado estos nombramientos en que la gasista necesita incluir nuevos dirigentes en su consejo que «aporten valor añadido» para hacer frente a la crisis económica generada por el coronavirus.

En la documentación para la Junta de Accionistas de finales de junio aportada este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Enagás explica que debido a la actual crisis necesita reforzar el consejo «con nuevas aportaciones y sin prescindir de las que siguen siendo necesarias».

Por eso, la empresa de la que el Estado controla un 5% a través de la SEPI, amplía de 13 a 16 el número de consejeros, lo que elevará un 11% el salario total del consejo: 480.000 euros como mínimo, a razón de 160.000 euros por cada nuevo consejero, hasta los 4,89 millones de euros. Gallego ha señalado que donará parte de su sueldo.